Además, González y Uría proponen crear el Registro de condenados por delitos contra la integridad sexual dentro del área de la Dirección de Presos y Liberados del Ministerio de gobierno de la provincia.

La iniciativa impulsa que el Programa quede constituido por un equipo integrado por un sexólogo, un endocrinólogo, un psicólogo, un psiquiatra y un técnico judicial que implementarán el método de “castración” química mediante el suministro de fármacos que disminuyan la testosterona.

Se aclaró que la “castración” química no tiene nada que ver con una castración quirugica.

Afirmaron que "en todos los casos el método se aplicará a todas aquellas persona que hayan cumplido en forma total y completa su condena con sentencia firme relacionada con delitos sexuales, como violaciones, abusos sexuales, fundamentalmente en agresiones infantiles".

Aseguraron que el proyecto de ley servirá para "garantizar una mayor seguridad pública mediante el tratamiento de aquellos que hubieran cumplido pena por delitos sexuales para que no revistan un peligro para la sociedad en su conjunto ni para ellos mismos, pudiendo así, al momento de la reinserción social, crear una normal convivencia en comunidad".

Indicaron que "para la implementación de la “castración química” mediante la supresión de testosterona de quienes hayan cometido delitos sexuales, se utilizarán drogas que reducen la hormona entre un 90% y un 99%, no descartando la posibilidad de utilizar otros medicamentos para un mismo fin. Los efectos de las drogas son la disminución de la libido, deseos sexuales, y grados de violencia características de personas con estas patologías. En todos los casos, el método de castración química será aplicado de manera voluntaria".

Plantearon que el método de castración química "es una forma humana distinta a la castración quirúrgica o a la esterilización. No provoca de esta manera un cambio físico permanente".

Destacaron que "el objetivo es prevenir y limitar la conducta de un sujeto que ha demostrado su potencial de peligrosidad para la sociedad, luego de cumplida su condena o durante las salidas transitorias, para evitar de esta manera futuras lesiones graves, gravísimas, o muerte".

Los parlamentarios señalaron que "teniendo presente que las tasas de reincidencia son muy altas entre los delincuentes sexuales una vez en libertad, las cuales rondan entre el 70% y el 80% de acuerdo a estudios realizados, el presente proyecto tiende a evitar un flagelo que sufre nuestra sociedad, el cual crece en casos y en violencia hacia las víctimas. El incremento se produce fundamentalmente respecto de las agresiones infantiles".

"Si bien, en nuestro ordenamiento jurídico vigente están contempladas las penas para aquellos que cometen delitos como lo son aquellos que afectan la integridad sexual, es necesario detenernos a analizar cómo será la reinserción del condenado a la vida en comunidad luego de purgar su pena. Es aquí donde comienza a preponderar el trabajo de prevención necesario por parte del Estado".

González y Uría concluyeron que "tenemos el deber moral para con la sociedad y nuestras familias de plantear un debate serio, interdisciplinario y con la concurrencia de diferentes actores sociales a los fines de la concreción de una verdadera prevención en materia de reincidencia de delitos sexuales dentro de nuestra provincia".