Para los legisladores demócratas, la medida "en la práctica sólo implicará menos recursos, menos inversión y relajamiento en los controles ambientales". Además, afirmaron que "los legisladores nacionales por Mendoza deberían votar en contra de la ley".

Tanto Aguinaga como De Marchi coinciden en que "la YPF manejada por el Estado implica la claudicación sobre la propiedad de los hidrocarburos, porque se apropiará de los derechos de exploración y de producción a futuro de la provincia".

"Al quedar sindicadas las acciones que el Estado Nacional y las Provincias tendrían en la nueva YPF, Mendoza se queda sin la posibilidad de fijar una política energética propia y su papel se reducirá a acatar las órdenes de la Nación", destacaron en un comunicado.

En tanto, respecto a los fondos que por regalías petrolíferas recibe Mendoza, señalaron que la provincia "se verá perjudicada, porque todos sabemos que esta expropiación responde a necesidades de caja del gobierno nacional, y como lo que se debe pagar, ya sea por importación de combustibles, obras de infraestructura energética, etc., es mayor a las utilidades que le proporcionará la compañía, las que primero quedarán sin cobrar serán las provincias petroleras".

Según De Marchi y Aguinaga, "esta historia ya la vivimos, y el resultado fue una enorme deuda de la Nación hacia Mendoza".

También coincidieron en que "la cuestión no es si YPF debe ser pública o privada, sino si queremos que el petróleo de Argentina lo manejen Boudou, De Vido, Moreno y La Cámpora, esa es la verdadera discusión". "En otro contexto podríamos discutir si conviene que sea pública o privada, pero no ahora que la manejarán los mismos que generaron el descontrol actual", añadieron.