La legisladora porteña María José Lubertino advirtió hoy que el levantamiento del paro, que mantuvieron durante diez días los metrodelegados, "no significa el fin del conflicto" y que resultará clave qué ocurra con el pago de los salarios los primeros días de septiembre.

"El conflicto no terminó", remarcó la legisladora del Frente para la Victoria, quien sostuvo que si bien Metrovías se comprometió a otorgar un incremento del 23 por ciento en los salarios, "lo somete a la condición de que el dinero aparezca" y, para eso, "es necesario que el jefe de Gobierno (Mauricio Macri) asuma el traspaso".

"No habiendo titular de la concesión, porque Macri no se hace cargo, los fondos que se encuentran depositados en el Banco de la Nación para inversiones en los subtes no pueden ser liberados", señaló Lubertino en diálogo con Télam.

En este sentido, explicó que "Macri dice que no dispone de los fondos porque no acepta que es el titular", y consignó que la cuenta abierta en el Banco Nación con el subsidio del Estado Nacional "está abierta a nombre de un fideicomiso en el que la Nación es el fiduciante y la ciudad es el fiduciario".

En este marco, precisó entonces que la ciudad "tendría que presentar un plan de inversión para decir qué se va a hacer con esos fondos y, recién en ese momento, al beneficiario del fideicomiso, que es Metrovías, le va a ingresar el dinero".

Con estos argumentos, Lubertino planteó que "el conflicto continúa latente" y advirtió que "va a haber que ver qué sucede en los primeros días de septiembre con el pago de los salarios", dado que en ese momento tendría que concretarse el pago del aumento del 23 por ciento acordado entre Metrovías y los trabajadores.

En sus declaraciones, Lubertino señaló además que el amparo que presentó en la Justicia y cuyo trámite lleva adelante la jueza Patricia López Vergara "sigue adelante" y precisó que, de hecho, el gobierno de la Ciudad "tiene diez días para responder cuestiones vinculadas a la seguridad en el subte, y a la frecuencia y a la calidad del servicio".

"Se trata de un amparo contra el gobierno de la Ciudad, en protección de los usuarios, que tiene por objeto proteger lo urgente que tenía que ver con la reanudación del servicio, pero que también apunta a temas como la seguridad, la frecuencia y la calidad", indicó Lubertino.

En este sentido, afirmó que no se podrá avanzar en la resolución de las cuestiones de fondo "hasta que se declare la titularidad del gobierno de la ciudad" sobre las seis líneas de subterráneos y el Premetro.