Desde ahora, el Gobierno tendrá acceso a todo lo que haya en el expediente, que por ley es secreto para quien no es parte. Podrá pedir medidas, argumentar sobre las pruebas y apelar fallos del juez.

La decisión de Bonadio fue criticada por la oposición: diputados y senadores de diferentes partidos sostuvieron que el Estado debe dar explicaciones de lo que ocurrió y que tiene que ser investigado como acusado, no considerado víctima.

El argumento de Bonadio fue que, pese a que en esta causa podrían estar imputados funcionarios nacionales, "no hay ningún conflicto de intereses": una cosa son los funcionarios y otra el Estado, que es una persona jurídica de carácter público, relataron fuentes judiciales.

Fue "por orden de la Presidenta" que el Ministerio de Planificación Federal le pidió a Bonadio ser admitido como querellante. El ministro Julio De Vido lo contó en una conferencia de prensa un día después del choque. Dijo que Cristina Kirchner quería que el Estado fuera parte, "en defensa del interés público y para acompañar a los damnificados".

Para Bonadio, pretender "acompañar a los damnificados" no es motivo suficiente para ser tenido por querellante. Sin embargo, el juez entendió que el Estado puede considerarse damnificado porque es el dueño del tren y el responsable de garantizar la prestación del servicio público.

Así lo sostuvo en su resolución de ayer, donde también aceptó como querellantes a ocho heridos durante el choque, informó a LA NACION un funcionario que trabaja en el caso.

No es la primera vez que la Justicia admite como querellante a un organismo cuyos funcionarios bien podrían terminar condenados. El propio Bonadio lo hizo en un viejo caso en que aceptó como particular damnificado al Banco Nación.

El encargado de defender el interés de la sociedad en los procesos penales es el fiscal, pero una ley de 1967 prevé que el Estado puede ser querellante -y coexistir con el fiscal- en casos en que esté comprometido el interés público. Es una norma que buena parte de la doctrina juzga ya inaplicable, pero con fundamento en ella la Cámara Federal, alzada de los jueces de primera instancia, autorizó que diferentes dependencias públicas actuaran como querellantes en casos de corrupción.

Durante los últimos días, la Presidenta manifestó gran interés por los avances de la causa de Bonadio y supeditó incluso su decisión sobre los responsables políticos de la tragedia a lo que surja del peritaje que dispuso el juez. En un discurso público, ella le reclamó que el estudio no demorara más de 15 días. Aquella exhortación fue criticada desde el juzgado y por la Asociación de Magistrados. Sin embargo, la Presidenta la reiteró anteayer en el Congreso: "Lo único que pido, y vuelvo a reiterar, aunque por allí alguno se moleste, que es necesario tener cuanto antes las pericias terminadas, porque de acuerdo a las pericias se van a determinar las responsabilidades. No es tan difícil ni puede durar tanto".

Va a ser complicado que el pedido de la Presidenta se cumpla. Los peritos ya presentaron un plan de trabajo que contempla actividades, al menos, hasta el 12 de marzo.

Disparate jurídico

"Lo de Bonadio es un disparate jurídico. Es una barbaridad que haya tenido al Estado como querellante en este caso", dijo el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, ex juez de la Cámara Federal. "Una cosa es cuando el Estado es el damnificado directo, como en un robo al Banco Central, pero acá no tiene sentido. ¿Va a pedir medidas contra Schiavi un abogado que trabaja en el escritorio de al lado?", declaró Gil Lavedra. El firmó con el presidente del bloque de senadores de la UCR un comunicado en el que denunciaron un "evidente conflicto de intereses".

En el mismo sentido, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) dijo que el Estado "tendría que estar del lado de los acusados y no de las víctimas", porque podría haber evitado tremenda tragedia si en lugar de favorecer a TBA le hubiera rescindido el contrato. El diputado de la Coalición Cívica Carlos Comi coincidió en que no debería considerarse al Estado como víctima, pero anunció además que analiza pedir el juicio político de Bonadio.

Valeria Corbacho, la abogada de Marcos Córdoba, el maquinista del tren que chocó, fue menos crítica: dijo que por el momento la decisión no la perjudica. "Mientras el nuevo querellante no direccione la investigación exclusivamente contra mi defendido...", advirtió. Igual sostuvo que le hubiera parecido "más saludable" que, si el Estado quería colaborar, se presentara a través de la Oficina Anticorrupción y no del ministerio de De Vido.

Qué significa la medida

¿Quién puede ser querellante? Es el carácter que puede tener en una causa judicial toda persona ofendida o afectada por el delito que se investiga. Por ejemplo, la víctima de un robo o de un accidente. En caso de la muerte del ofendido, pueden ser querellantes su cónyuge, sus padres, sus hijos o su último abogado.

¿Para qué sirve? Si se trata de un delito de acción pública, es el fiscal el representante de la sociedad que acusa. Pero, en caso de haber un querellante, éste también tiene atribuciones para impulsar el proceso, proporcionar pruebas, argumentar y apelar. El querellante, así, puede acceder al expediente, que en las causas penales es reservado sólo para las partes del proceso.