El Movimiento Giros presentó ayer en el Concejo Municipal el proyecto para conformar una Comisión Investigadora que establezca los vínculos entre funcionarios públicos e intereses privados, en relación a proyectos de urbanización en una zona no apta para tales fines. Luego de precisar un listado de pautas y pruebas para avanzar en las denuncias, desde la ONg plantearon que las conclusiones a las que arriben "permitan no solo la determinación de las responsabilidades individuales, sino que las mismas sean publicitadas y se utilicen como base para la realización de unas jornadas públicas a realizarse en el distrito noroeste donde se discuta colectivamente el uso de la tierra". Por otra parte, solicitaron que la comisión recomiende al Ejecutivo que la contratación de asesores en esta materia "sea pública y a través de concurso de antecedentes, con posibilidad de impugnación por parte de la sociedad civil con el mismo espíritu del presupuesto participativo".

Según el Movimiento Giros, el conflicto que involucra directamente al menos a 200 familias que habitan Nuevo Alberdi, a un grupo de empresas inmobiliarias, a integrantes del movimiento, al Estado, e indirectamente a la sociedad rosarina, amerita la creación de una Comisión Investigadora.

El hecho de investigar el vínculo público privado, atravesado por la connivencia de intereses y la incompatibilidad de funciones, "supone indagar sobre el accionar conjunto sin dejar de lado acciones que aparentemente puedan ser entendidas como propias del sector público o privado, pero que son sustanciales para profundizar los niveles de información acerca del recorrido hecho por cada uno en los últimos años, permitiendo cruzar datos que hagan más precisas las investigaciones".

En este sentido, sugirieron un listado guía de pautas:

* Solicitar al Registro de la Propiedad o a la Dirección de Catastro Municipal que informe cuáles son los propietarios actuales de los terrenos en conflicto y analizar en profundidad posibles vínculos con la empresa Cimar SA, sus accionistas u otras sociedades vinculadas. El objetivo es el de clarificar cómo se adquirieron estos terrenos, precio real pagados por ellos, fechas en que se adquirieron, loteos o subdivisiones de los mismos.

Para Giros, Cimar SA es una de las empresas con proyectos inmobiliarios más conocida de la zona, aunque precisaron que debe investigarse a cualquier emprendimiento inmobiliario o particular que haya inscripto como propio lotes de terrenos de esta zona en conflicto para "despejar que se trate de adquirente de buena fe y no de engranajes de una gran estafa por la propiedad de los últimos terrenos libres de lujosos emprendimientos inmobiliarios de Rosario".

Además, la Ong refiere que debería investigarse si estas empresas, al momento de ofrecer los lotes, "advierten sobre la situación real de los terrenos o aseveran una finalidad distinta para los mismos, no sólo como una mera violación a los derechos de cualquier consumidor sino porque esto podría evidenciar la existencia de una promesa anterior por parte de funcionarios habilitados para cambiar el destino de los terrenos".

* Giros considera que no sólo deben investigarse las empresas vinculadas a la tradición de la propiedad de la tierra sino aquellas personas jurídicas vinculadas a los trabajos relativos a la urbanización de las tierras, ya sea apertura de calles, tendido de redes eléctricas y de gas. En el caso particular del tendido de gas, mencionan a Egea SRL que fuera "erróneamente" autorizada a comenzar los trabajos tendientes a llevar gas a la zona, y que la Municipalidad en noviembre de 2009 dispuso el inmediato cese de los mismos por considerar que "la ejecución de este tipo de construcción intrusiva constituía una inserción ilegal, anómala y fuera del marco legal urbanístico".

* Solicitaron que se investiguen los vínculos existentes entre personal de las empresas describiendo y empleados o funcionarios municipales que cumplen funciones relativas a la urbanización. De la investigación preliminar que efectuaron surge que, al menos Jorge Doncel y Adriana Salomón, ambos vinculados laboralmente a la Municipalidad de Rosario, a su vez integran o integraron las empresas vinculadas a los trabajos en la zona de Nuevo Alberdi que denunciaron, en particular, Cimar SA y Egea SRL.