Ocurrió hace casi 5 años y la propia empresa sueca reconoció que pagó “comisiones indebidas”, un eufemismo de coimas. Lo hizo inflando los costos: sobreprecios de más del 150%. Pocas veces fue tan claro que a confesión de partes, relevo de pruebas. Un juez en lo económico, López Biscayart, comprobó cómo se había montado la corrupción: facturas truchas de firmas fantasmas. Procesó y mandó a la cárcel a algunos de sus responsables. Y uno de ellos, de Infinity Group, apuntó directamente al ministro De Vido.

Biscayart se ocupó de la documentación falsa y la evasión impositiva y el juez federal Montenegro y el fiscal Stornelli indagaron por las coimas a los funcionarios involucrados. Y después empezó el capítulo tragicómico: Aníbal Fernández pidió sin éxito al Consejo de la Magistratura que echara a López Biscayart y acuñó la teoría de que todo era una “corrupción entre privados”.

Hasta el Enargas denunció en una solicitada a Clarín y La Nación por “tergiversar” la información. Recuerdos del futuro. Pero el Enargas al fin fue intervenido y su jefe, exonerado. También el responsable del fideicomiso. El decreto es histórico por lo absurdo: copió una charla telefónica que Fernández grabó a Stornelli, quien se fue con Scioli. Montenegro se fue con Macri.

Llegó Oyarbide y anuló las indagatorias de los sospechados. Pasaron ya casi 5 años y las coimas y los sobreprecios revelados bien, gracias. Como con la valija de Antonini, no hay nadie procesado ni imputado. Más que la Justicia exprés de la que se queja la Presidenta, es la injusticia eterna.