El claderismo quiere saber cómo es "el mapa del sistema de monitoreo ciudadano, informando del mismo al Honorable Concejo Deliberante. El estado de las cámaras de todo el sistema, particularmente en el radio de diez cuadras con relación a los hechos ocurridos en el caso Stramessi. En caso de no funcionar alguna de las mismas, pedir la pericia técnica de las cámaras, notificando fechas y horas de no funcionamiento, y causales del desperfecto técnico. Que informe el estado de la cámara que por ley tiene Fomento Pueblo Nuevo y que envíe el DEM el listado de cámaras privadas".

A su vez, y por el mismo pedido de informes, se le solicita al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) "envíe a este honorable cuerpo los responsables de Control municipal de los establecimientos nocturnos y las sanciones si las hubiere, llevadas adelante en los últimos seis meses. En el mismo sentido informe detalladamente sobre el personal que estuvo en funciones en el día y durante las horas en que se produjeron los hechos que acabaron con la vida de Jonathan Stramessi". Y también solicita al DEM el listado de propietarios y/o concesionarios y/o responsables de los locales de expansión nocturna, cualquiera sea la figura jurídica bajo la que funcionen".

A través de un segundo pedido de informes, piden que se detalle "los hechos acaecidos en el territorio del Partido de Olavarría, los delitos que se produjeron durante los años 2007 a 2012, correspondientes a diferentes tipos penales como "delitos contra las personas, abuso de armas, delitos contra la integridad sexual, contra la libertad, violación de domicilio, contra la propiedad, contra el orden público, violación de domicilio, encubrimiento, y los relacionados con la Ley 23.737, de estupefacientes".

A su vez requieren información sobre "cuántas de esas causas son NN (autor desconocido). Respecto de las causas en las que existe presunto autor/res y/o partícipe/s, acompañar copia del estado del trámite de la causa obrante en la computadora ubicada en la mesa general de entradas de fiscalía. Imprimiendo también todas las resoluciones obrantes en las causas", y realizan otros pedidos, como por ejemplo "cuántas de las causas que se elevaron a juicio oral obtuvieron sentencia condenatoria. Indique UFI interviniente en la IPP, que se acompañe el listado de personas con pedido de captura indicando nombre completo, último domicilio conocido, edad y estado civil, y desde cuándo tienen pedido de captura", entre otras cosas.

Además, requieren información sobre "la cantidad de causas en las que se solicitó pedido de excarcelación o eximición de prisión y se hizo lugar al pedido precisando el Juzgado de Garantías que intervino; el listado de personas reiterantes (persona con más de una causa en trámite), indicando nombre completo, domicilio, edad y estado civil; y de reincidentes, indicando nombre completo, domicilio, edad y estado civil". Y "respecto de las personas condenadas que gozan de un régimen abierto y semiabierto que se encuentran cumpliendo condena en el partido de Olavarría, aun cuando el delito haya sido cometido en otro partido, acompañe un listado indicando nombre y apellido, edad, delito que cometió, la pena que se le aplicó, resolución del juez que le dispone el régimen de condena aplicable, programa que se le aplica y lugar donde trabaja, adjuntando la evaluación periódica realizada por personal del Patronato de Liberados y del Servicio Penitenciario de cada uno de los condenados", tras lo cual rematan con que "en caso de no contar con la información necesaria para contestar alguno de los puntos, le solicitamos tenga a bien indicar a quién debemos requerírsela".

Encuesta

La bancada radical también presentó un proyecto de ordenanza por el cual pide que "el Departamento Ejecutivo realice la encuesta de victimización de la población del Partido de Olavarría" y da detalles sobre lo que debería determinar dicho sondeo: "índices de hogares con víctimas de delitos serios, de delitos patrimoniales, de delitos violentos, general de victimización".

A juicio de los concejales, la encuesta vendría a cubrir ciertos agujeros en torno a la información que se maneja sobre el tema delictivo. "Las estadísticas sobre las que se conforman los mapas del delito de una ciudad, se basan en los delitos denunciados, lo que a veces no refleja en forma fidedigna la situación real, dado que existe una enorme cantidad de delitos que no son denunciados, debido a la escasa expectativa en la población de que el mismo va a ser esclarecido, por lo que no existen instrumentos o estudios rigurosos que recojan las verdaderas estadísticas; que frente a esta situación, es necesario realizar encuestas de percepción de seguridad y victimización, agregándole algunos indicadores de evaluación del servicio de la Policía y evaluación de otras instituciones responsables de la seguridad y la justicia, lo que permitirá tener más elementos de juicio para mejorar la política pública de seguridad y la gestión y credibilidad de las instituciones, debiendo sus resultados ser públicos". Tras ello aclaran que "la encuesta de victimización de la población permite la descripción de los niveles de victimización a nivel de la ciudad de Olavarría. En este sentido, se describirán las tendencias generales de victimización, por tipo de delito, por categorías socioeconómicas y demográficas (sexo y edad), según el uso de fuerza, y según el lugar y momento del día de ocurrencia de los delitos".

Sobre el tema relacionado con la muerte de Jonathan Stramessi, el concejal Gonzalo Dolagaray dijo que "el concejal Frías omite la verdad o miente cuando dice que las cámaras funcionaban todas. La fiscal (Susana) Alonso nos dijo que la cámara de San Martín y Maipú no funcionaba". Su par Ernesto Cladera apuntó que "saltó la térmica el viernes", y se quejó porque "no nos dejaron a entrar al Centro de Monitoreo. La fiscal Alonso se preguntó por qué no podíamos entrar. Además, no queríamos ver las imágenes, sino que pretendíamos saber si las cámaras funcionaban o no".