La decisión la adoptó por presión de Néstor Kirchner, durante el último fin de semana en Estados Unidos. La determinación se tomó para evitar un escándalo político en el Parlamento, porque hubiera implicado reconocerles derechos absurdos a los bonistas.

Se quería reconocer pagos por el crecimiento pasado de la economía. Pero lo anunciado por Amado Boudou implica igual fijar un valor mínimo de retribución que será aceptado y festejado por la banca extranjera. Ayer volvieron a subir los bonos.

Ahora Argentina ofrece una retribución real que se ubica -faltan detalles aún- en el orden de 51,6 dólares por cada 100 en default. Así, el canje que ofrece la Argentina implica una ganancia para los bonistas mínima de unos 400 millones de dólares, sólo por la aceptación de la propuesta. Esta cifra surge de comparar los precios de mercado de los bonos con los valores que ahora reconocerá el Gobierno.

En algunos casos las ganancias serán más fuertes y extraordinarias: la recibirán los que tenían información confidencial de algunos funcionarios. Ahora, los fuertes beneficios que tendrán los bonistas aseguran una cuestión: una alta adhesión, del orden del 75% de los holdouts.

El equipo económico cometió innumerables errores y mostró impericias profesionales. La última obligó a un viaje de urgencia del secretario de Finanzas a Europa. Boudou había anunciado el canje para el 15 de diciembre. Los errores cometidos demoraron todo cuatro meses. En fuentes diplomáticas se insiste que los cambios de último momento podrían retrasar más las cosas.

Ahora, el ministro de Economía viaja a la reunión anual de primavera del FMI. Ahí explorará la posibilidad de un acuerdo con Dominique Strauss-Kahn, para viabilizar una negociación con el Club de París.

También enfrentará el tenso clima que existe contra Argentina en el Grupo de los 20. Varios ministros -de Alemania y Japón, más el Tesoro de EE.UU.- pretenden que Argentina se someta a una auditoría del Fondo. Argentina es la única nación dentro del G-20 que rechaza las auditorías del FMI.

El tema se va a poner complicado, porque ninguna potencia quiere aceptar una propuesta que lleva Boudou: que el Fondo Monetario Internacional reemplace su auditoría por el informe que el Palacio de Hacienda elevó al G-20 sobre la marcha de la economía argentina. En otras palabras: en el G-20 desconfían del INDEC y temen que Argentina esconda otras irregularidades, más graves que la inflación, en sus cuentas públicas.

La posibilidad de un exitoso canje oxigena la economía argentina, pero no resuelve problemas internos, como la incipiente inflación. La cuestión se habló en una reciente cena que Carlos Pedro Blaquier organizó para que Eduardo Duhalde exponga sus aspiraciones presidenciales frente a un exclusivo grupo del establishment. Estuvieron desde Federico Nicholson, Luis Betnaza y Miguel Acevedo, hasta Juan Brochou.

También se habló de esta cuestión el último martes, en el hermético encuentro del comité de presidencia de la Unión Industrial. Para la conducción de Héctor Méndez debe haber un plan que ataque las expectativas inflacionarias, porque la actual remarcación de precios puede generar tensiones sobre los salarios y retraso cambiario. Informes secretos de la UIA indican que muchos aumentos son preventivos. Hay temor por lo que puede ocurrir y las compañías se cubren con ajuste de precios.

En la intimidad de la central fabril se habla sin rodeos: también temen que un retraso cambiario termine en el futuro con un abrupto salto del dólar. Daniel Funes de Rioja explicó que la industria de la alimentación comenzó a competir con productos importados. Ya hay en las góndolas fideos italianos y duraznos de Grecia. Cristiano Rattazzi habló en público sobre la necesidad de un ajuste cambiario.

Pero la estrategia fabril será otra: la UIA insistirá en la necesidad de un plan antiinflacionario y no en medidas aisladas que pueden generar más confusión. El tema lo habló Ignacio de Mendiguren con el líder de la CGT, Hugo Moyano. Ambos pactaron un encuentro conjunto UIA-CGT -se hará la semana próxima- para buscar mecanismos que atemperen las expectativas inflacionarias. Cristina Kirchner le pidió un informe a Mercedes Marcó del Pont sobre la situación cambiaria. Ese "paper" habla de la abundancia de dólares y de que el dólar se ajustó un 28% en el último año y que el actual tipo de cambio es el más alto de los pasados 15 años.

Guillermo Moreno es el responsable político de la escalada inflacionaria. Su estrategia ya fracasó y la manipulación que hace sobre el INDEC alimenta malas expectativas inflacionarias. Pero el secretario de Comercio sacó tajada política de la preocupación por la inflación. Volvió a tener un fuerte apoyo del matrimonio presidencial, el cual le extendió sus poderes para inmiscuirse en el Ministerio de Economía y en el de la Producción. Moreno lo confesó en una reunión íntima con los jefes de los grupos Techint, Aluar y Acindar. Javier Madanes trasmitió sus delirantes comentarios a la cúpula fabril. Moreno les dijo a los tres influyentes empresarios: "La Presidenta me dio la suma del poder público para controlar la inflación."