Las tensiones entre las empresas gasíferas y el Gobierno no aflojan. Ahora en el centro de la escena están los reclamos de las productoras por el congelamiento semestral del tipo de cambio considerado para el precio del gas que estableció la Secretaría de Energía, que hará que sean las compañías las que afronten el costo de una eventual devaluación. A pesar de las amenazas, en el Ejecutivo aseguran que el conflicto no escalará a la instancia judicial porque consideran que las petroleras ya se cubrieron con el plus en dólares que le sumaron al precio mayorista en la subasta realizada hace dos semanas.

La Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (CEPH), que nuclea a las principales firmas petroleras, le presentó la semana pasada una carta al presidente del Enargas, Mauricio Roitman, en la que exigía revertir la "pesificación semestral" de los contratos del gas, un vericueto del Gobierno para eludir el costo político de lanzar tarifazos adicionales en caso de devaluación, tal como ocurrió el año pasado, producto de la dolarización del precio del gas en boca de pozo que decretó esta misma gestión en 2016. Además, varias productoras dejaron trascender que evalúan judicializar la medida.

En concreto, la disputa es para dirimir quién carga con el peso de una posible devaluación. Como el gas está dolarizado a pesar de producirse en el país, cualquier movimiento del tipo de cambio puede influir en las tarifas, que se expresan en pesos. El punto de conflicto es que las distribuidoras les pagan a sus proveedoras, las petroleras, 75 días después de recibir el producto (desde abril pasarán a pagar a 65 días), por lo que la depreciación de 2018 generó un enorme desfase en dólares entre el precio pactado y el efectivamente pagado. Por este motivo, las productoras reclamaron una deuda de más de $20.000 millones a las distribuidoras, que el Gobierno buscó trasladarle a los usuarios mediante un tarifazo retroactivo en 24 cuotas. El repudio generalizado lo obligó a retroceder y afrontar ese monto con las arcas públicas.

Para que la escena no se repita en plena campaña electoral, Mauricio Macri firmó a fines del año pasado el decreto 1053/2018, que determinó que a partir de abril los proveedores y las distribuidoras "deberán prever en sus contratos que en ningún caso podrá trasladarse a los usuarios que reciban servicio completo el mayor costo ocasionado por variaciones del tipo de cambio ocurridas durante cada período estacional". En febrero, la resolución 72/2019 del Enargas precisó que el tipo de cambio para los contratos quedará fijo durante seis meses y que se establecerá a partir de la cotización promedio de los primeros 15 días del mes anterior a la entrada en vigencia del aumento (en este caso, la primera quincena de marzo). Así, las petroleras cargarían con el riesgo cambiario.

Una fuente cercana al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, consultada por BAE Negocios le restó importancia al escrito de la CEPH. "Es una queja formal que se ven obligadas a hacer ante sus accionistas. Pero no veo que haya intención de judicializarlo, por lo menos en la gran mayoría". Es que en el Gobierno están convencidos de que "con el plus que incorporaron las petroleras en la subasta mayorista como seguro de tipo de cambio, ya se cubrieron de una devaluación".

Como adelantó este diario, en la compulsa del 14 y 15 de febrero las productoras inflaron 17% el precio mayorista del gas para cubrirse de una corrida preelectoral. Así, pusieron en duda que el tarifazo de abril sea menor al 30%, como dijo Lopetegui.

Desde una de las mayores petroleras del país, relativizaron el argumento oficial aunque reconocieron que es improbable que vayan a la Justicia.