En primer lugar -dijo- por tratarse de un impuesto y no de una tasa, ya que el cobro de esta última está asociado a un servicio público divisible u obra concreta que beneficie en forma directa a quienes la pagan. “Cosa que no se da en este caso, que se aplica con carácter universal, ya que todo el mundo que cargue combustibles en el ámbito territorial de la provincia la pagará, sin que reciba nada a cambio, como no sea la promesa de obras viales que en la mayoría de los casos no utilizará”. Dómina agregó que, además de incurrir en doble imposición por gravar lo que ya está alcanzado por la Ley Nacional 23.966 a los combustibles, la Provincia no puede cobrar el plus que pretende por estar los combustibles líquidos y el GNC gravados con el Impuesto al Valor Agregado, por lo que se configura la analogía que la Ley de Coparticipación Federal prohíbe expresamente.