El congelamiento de las tarifas de servicios públicos a través de subsidios, una de las claves del modelo kirchnerista que tanto Néstor Kirchner como la presidenta Cristina Fernández mantuvieron a pié juntillas durante sus dos mandatos, requirió durante la primera parte del año un esfuerzo adicional por parte de las cuentas públicas. De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria hasta julio, tan sólo en los primeros siete meses del año el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido, utiliza un 72,6% del crédito anual autorizado para atender las necesidades del sector energético. En otros términos, implica que esa cartera desembolsó casi $ 3 de cada $ 4 que tienen disponible para ese fin.

De acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), de donde surgen los datos, los números denotan “una marcada sobre ejecución”. Y hacen prever que la cartera requerirá partidas adicionales para cumplir con sus compromisos en lo que resta del año.

La mayor parte de los $ 23.292 millones que se gastaron corresponden a subsidiar las tarifas de electricidad y gas, que están casi congeladas desde hace una década. Dos son los principales pulmones que absorben la mayoría de los fondos: Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado eléctrico y se encarga de importar fuel oil y gasoil y Enarsa, la firma estatal de energía que atiende las urgencias del Gobierno en materia energética, como las compras de gas a Bolivia y a mercados de ultramar, que llega por barco. En todos los casos son más caros que la deficitaria producción local.

Es por eso que el denominado programa “Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica”, destinado principalmente a Cammesa, tiene una ejecución –el porcentaje de utilización de acuerdo con el crédito disponible– muy alta, del 83,6 por ciento.

Mientras que el de “Asistencia financiera a empresas públicas”, que apunta a cubrir las necesidades de Enarsa, tiene una ejecución de un 65,6 por ciento.

Hay un dato que juega a favor del Gobierno: la utilización de subsidios energéticos avanza más rápidamente durante el invierno, cuando son más recurrentes las importaciones de productos que reemplacen al gas nacional, cuya producción viene en caída.

Los subsidios al transporte, que permiten que los boletos de subtes, colectivos, micros de larga distancia, trenes y hasta los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas cuestan la mitad de lo que saldrían sin los fondos públicos y se utilizan de manera más constante, también se llevan una parte gruesa del aporte estatal.

Por caso, el plan destinado a transferir recursos del Tesoro al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte –cubren gastos de empresas de colectivos y micros, en especial el gasoil–, se utilizó en casi un 83%. Ese terreno es el que eligió comenzar a recorrer el Gobierno para disminuir, muy paulatinamente, la erogación en subsidios.

Desde julio, las empresas que prestan el servicio de larga distancia sufrieron recortes en el volumen de gasoil subsidiado que recibían de las petroleras por orden del Gobierno. De acuerdo con los números del sector privado, ese recorte le permitirá al fisco ahorrar unos $ 410 millones al año.

Apenas un escalón más abajo le sigue la utilización de subsidios al transporte ferroviario. Hasta julio se habían desembolsado $ 2.756 millones, poco más de un 80% de los $ 3.435 millones disponibles para ese rubro. La mayor parte de esos recursos van a la contención de la tarifa, pero también incluye obras.

En tanto, se utilizaron $ 1.616 millones del programa que cubren las necesidades operativas de Aerolíneas y el plan de inversión de Austral, que equivalen a un 65% de los fondos disponibles.