NUEVA RIOJA tuvo acceso a la presentación que realizaron los abogados defensores de la diputada provincial en la causa por la revocatoria popular
En el texto presentado se asegura que las bancas pertenecen a los partidos políticos, se afirma que Olima no violó ningún mandato popular y se agrega que la ley provincial que regula el tema tiene varios artículos que son inconstitucionales.
“Evaluar el cumplimiento del mandato, no es derecho ni tarea del cuerpo de electores, en si mismo, sino del partido político como institución democrática que agrupa y representa a sus afiliados y electores, y que por imperio constitucional resulta titularizar la banca legislativa. No existe ningún argumento que justifique, la violación de la norma constitucional, para que un grupo de electores, usando un procedimiento de destitución inadecuado, sustraiga los derechos acordados a los partidos políticos y al diputado, porque ello implicaría sustraerlo del trámite constitucional previsto para su destitución. Entonces la evaluación realizada por el cuerpo de electores, sobre el desempeño funcional del legislador, carece de respaldo legal”, sostiene la representación al explicar que la Constitución provincial determina que la banca es de los partidos políticos.
En el mismo sentido, la presentación agrega que la diputada provincial no violó el mandato de los pobladores de Famatina.
“El mal desempeño funcional ligado a la pérdida de confianza en el funcionario, surgido de un acto eleccionario. Sugiere la necesidad de indicar cuál fue el acto de mal desempeño funcional. La promoción de revocatoria no debe sustentarse en conceptos vagos, o en meras disidencias genéricas de un grupo de electores, con las actuaciones del funcionario. Podemos acotar también que la diputada tuvo escaso tiempo para realizar sus labores en la Cámara Legislativa, que comenzó recientemente con sus sesiones ordinarias, ese escaso tiempo, es prematuro para sacar conclusiones sobre su desempeño funcional, por lo tanto podemos afirmar que el pedido de revocatoria carecería de fundamentación, atento a que solo fundaría el mismo el mero disentimiento de opiniones”, argumentan en referencia a que Olima estaría siendo juzgada por sus opiniones y no por su accionar como legisladora provincial.
La acción judicial también hace referencia a quiénes podrían firmar el pedido de revocatoria y quiénes no lo podrían hacer. “Muchas veces en la misión interpretativa de una norma es necesario descubrir el espíritu de la ley, o bien, que quiso decir el legislador, cuál es su sentido. Para lo cual nos preguntamos: si ¿El derecho a destituir a un funcionario electo nace por figurar en el padrón electoral usado en el último comicios? O bien el legislador quiso decir que el derecho sólo nace para los ciudadanos que figuran en el padrón del último comicio, y que han acreditado ante el Tribunal Electoral haber emitido el voto?”, explica.
Presentarán una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados
En la propia presentación judicial se adelanta que se presentará una cuestión de privilegio ante la Cámara de Diputados de la Provincia.
“Asimismo se debe recordar que los Diputados tienen inmunidad de opinión. (Art 93 de la Constitución Pcial), en el caso que nos ocupa, se pretende destituirla por las opiniones que vierte una legisladora provincial , alineada en la política de desarrollo minero que impulsan los gobiernos Nacional y Provincial. Va de suyo deducir que se estaría violando el derecho de inmunidad de opinión. En éste caso entendemos que se estaría agrediendo al cuerpo legislativo en su conjunto, en los términos del art. 93 Constitución Provincial”, afirma el texto.
Y en el mismo sentido, anticipa que “entendemos que correspondería tratar una cuestión de privilegio, que estamos preparando para presentar ante la Legislatura Provincial, por pedido de nuestra defendida”.
En esa parte de la presentación se hace referencia a los incidentes que se produjeron en la localidad de Famatina, y que oportunamente fueran denunciados por la propia diputada Adriana Olima.
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