En el marco de las imputaciones e investigaciones judiciales que se sustancian en la Justicia Federal de Jujuy por la posible participación y apoyo a la última dictadura militar por parte de Carlos Pedro Blaquier, presidente del Ingenio Ledesma SAAI, el abogado que comanda la defensa del empresario es esta causa, salió a desestimar de plano todas las denuncias que pesan sobre su cliente.

En este sentido, el letrado Jorge Valerga Aráoz, consideró que los hechos acaecidos durante la década del 70 en Calilegua, denominados como "La noche del Apagón", no tienen vinculación alguna con el posible accionar de su defendido como así también del ex administrador del complejo agroindustrial, Alberto Lemos.

Al detallar sus consideraciones en razón de las acusaciones que dan cuenta de la hipotética colaboración de Blaquier con el gobierno de facto durante la época de plomo en la Argentina, Valerga Aráoz sostuvo que tal imputación "es absolutamente incierta antojadiza. No hay pruebas que vinculen a Blaquier y Lemos con los hechos violatorios de los Derechos Humanos que se les imputa, que indudablemente ocurrieron y están definitivamente acreditados", indicó, en declaraciones reproducidas por el diario El Tribuno de Jujuy.

A su vez, el abogado resaltó que "el fiscal sólo esboza elucubraciones genéricas tales como 'debería haber sabido que' o 'por su cargo no podía estar ajeno a', que no dejan de ser meros enunciados dogmáticos. Y lo hace así porque no existe una prueba real que justifique una acusación seria", relacionado con el papel que se le adjudica a Blaquier.

Agregó, en esta misma línea, que en el período que se sucedieron los hechos investigados, Julio de 1976, los civiles no tenían conocimiento de las prácticas llevadas a cabo por las fuerzas militares, en materia de detenciones ilegales, secuestros, torturas y asesinatos. Asimismo, el letrado aclaró que el empresario siempre tuvo pronunciamientos en favor de la libertad y en contra de cualquier autoritarismo.

En otro tramo de sus manifestaciones, Valerga Aráoz ahondó en referencias en torno a los operativos clandestinos que se habrían concretado por los militares en las instalaciones del ingenio Ledesma, con la hipotética connivencia del propio Blaquier.

En torno a ello, el profesional del derecho indicó que "de ninguna manera y no hay absolutamente nada en el expediente que lo sugiera. Sí se advierte una gran confusión terminológica cuando algunos testigos expresan que luego del secuestro los llevaron a la comisaría o la gendarmería 'de Ledesma', de 'ingenio Ledesma' o directamente 'del ingenio'. Esto obedece a que la gente de allí llama indistintamente así al barrio de Libertador San Martín cercano a Ledesma SAAI, donde existe un destacamento de la Gendarmería Nacional y pegado a éste la Policía local", justificó.

Paralelamente, relató, sobre este aspecto, que "es algo indiscutible en el expediente que las sedes policiales y de Gendarmería están fuera del predio de la Empresa, a tres cuadras, y siempre lo estuvieron. Nadie dice haber permanecido detenido en el interior de la empresa".

También, hubo alusiones al apoyo que se habría sustentado cuando se produjeron los cortes de luz en ese entonces que posibilitaron el accionar militar y, de este modo, favorecer las detenciones. Vale recordar que en la causa figura la desaparición de 30 personas y la privación de la libertad de otras 400.

De esta manera, quien en 1985 integrara el tribunal de la Cámara Federal que juzgó y condenó a las juntas de Comandantes de las Fuerzas Armadas de la última dictadura, calificó que La Noche del Apagón "es un mito que fue amplificado por la difusión de versiones extrajudiciales. Ledesma SAAI no tenía a su cargo ni controlaba el suministro eléctrico de Calilegua por lo que no se advierte cómo pudo haberlo provocado", aseveró.

Por otro lado, continuó, "no debe olvidarse que los operativos se realizaban con zona liberada por lo que no se explica por qué el apagón nocturno en un lugar poblado iba a facilitar la detención de personas; por el contrario, les complicaría su actividad porque deberían procurarse los elementos de iluminación tanto para la privación de la libertad como para el robo de elementos de valor que caracterizaron estos hechos, y para evitar la eventualidad de un intento de fuga de la persona buscada", alegó.

Seguidamente, el letrado estimó que "en las causas de las que hablamos se investiga la detención de 32 personas en diferentes días, por lo que es evidente que el Ejército y las fuerzas de seguridad no necesitaban la colaboración de una empresa privada, ni de nadie. En fin, sean muchos o pocos, la Empresa nada tiene que ver con ello".

Finalmente, y relacionado con el uso de camionetas pertenecientes a la firma Ledesma que habrían sido requeridas para llevar a cabo las detenciones, el abogado recalcó que "es otra falsedad total. Las pocas referencias que se hacen en la causa al uso de camionetas de Ledesma son muy imprecisas y muy contradictorias. Pero suponiendo lo contrario, no iban a pedirlas prestadas; se las apropiaban directamente ya que ellos consideraban que estaban librando una guerra. Lo más probable es que las patotas que actuaban hubieran forzado a la persona que tenía la guarda de dicho vehículo a entregarlo sin ninguna posibilidad de resistir, porque ese era un modo de operar. Pero de ninguna manera puede vincularse tal circunstancia aislada con una decisión institucional de la empresa que no existió", aseguró.