En comunicación con Cristina Vicentin el Secretario General de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, Feliciano Romero se refirió en duros términos a la forma de manejar la información que tiene la gestión de Ricardo Colombi para con la situación de incertidumbre de los empleados públicos. Calificó de “francotiradores políticos” a funcionarios que pretenden echar más confusión de la existente sobre las cesantías ejecutadas en los últimos tiempos.

El tema se reflotó cuando la periodista le consultó si es que en verdad el gobierno analiza prorrogar una norma que habilita dar de baja contratos y pases a planta permanente firmadas por el gobernador anterior, por medio del Decreto 1602.

Romero refutó de inmediato al especificar que esa norma no se derogó en ningún momento y que las cesantías se ejecutaron por medio de decretos particulares. Dirigiéndose personalmente a cada empleado.

“Nosotros decimes que hay terrorismo de Estado, y dentro de eso hay francotiradores políticos. Porque el Decreto 1602 nunca fue derogado, si no que hay más de 80 decretos nuevos que dejan cesantes a 1.200 compañeros que quedaron en la calle. O sea que es puntual, se dirigen con nombre y apellido, y no dan de baja a algunos y cesantean por distintas razones a otros. Lo que comúnmente dicen los políticos: mi gente” fundamentó el gremialista.

Desacato a la justicia

En otro orden de cosas, aludió Romero que el Estado incumple con las órdenes judiciales que emitieron distintos juzgados a favor de los trabajadores, ordenando su reincorporación provisoria hasta que se firme el Decreto.

“Estamos buscando la otra figura que es desobediencia jurídica, que trabajan nuestros asesores de ATE y CTA. Porque los recursos de amparo salieron, pero no se firman los decretos, o disposición al respecto, anulando los de cesantía y queda vigente el Decreto 1602. Son decisiones políticas que debe tomar el Poder Ejecutivo” puntualizó.

Protesta

Es de recordar que en la mañana de este martes, pasadas las 10, los trabajadores nucleados en los gremios ATE y CTA marcharán a Casa de Gobierno con una catarata de reclamos al Poder Ejecutivo. Entre ellos figuran la estabilidad laboral, equiparación de la asignación por hijo. “Hasta algunos municipios cobran al igual que Nación -$180-, pero el Estado Provincial abona 45 pesos” manifestó el sindicalista.