Tradicionalmente los gobiernos de las ciudades no tenían injerencia en el diseño de las políticas de seguridad, una responsabilidad exclusiva de la Policía, y su rol se circunscribía a operar como un nexo entre los ciudadanos y las autoridades de la administración provincial que manejan los hilos de la fuerza. Sin embargo, desde hace un tiempo a esta parte los municipios se han convertido en una caja de resonancia de la problemática de inseguridad, por lo que deben involucrarse liderando un espacio en el que también pueden confluir las instituciones de la sociedad civil.

El concejal, Germán Bottero, coincide con este enfoque sobre la necesidad de articular, desde el Estado local, acciones que permitan optimizar las estructuras específicas encargadas de brindar seguridad pero, también, está convencido sobre la necesidad de incorporar la política social y educativa como herramienta para reducir los niveles de inseguridad.

Bajo está premisa participa en el seminario sobre "Planificación y Gestión de Políticas de Seguridad Ciudadana", una actividad que cuenta con la organización de la Federación Argentina de Municipios y la provincia de Buenos Aires, entre otros. "Es un ámbito de formación, discusión e intercambio de experiencias respecto a un tema sensible en todas las ciudades", sintetiza el legislador rafaelino.

-¿Por qué eligió capacitarse en el tema seguridad?

-Porque es un tema de agenda pública. La demanda en este aspecto es creciente en nuestra ciudad y creo que los dirigentes debemos capacitarnos, entender los problemas para poder articular soluciones en seguridad ciudadana.

-El servicio de seguridad está en términos prácticos bajo la órbita de la Policía y, desde la visión política, en el Gobierno de la Provincia.

¿Cuál es el rol que deben llevar adelante las autoridades locales?

- En realidad los especialistas hacen una distinción de lo que es la seguridad pública, que es responsabilidad de la Policía, de lo que es la seguridad ciudadana, un nuevo concepto que involucra a la sociedad en su conjunto, es decir la seguridad ciudadana la hacemos entre todos, de abajo hacia arriba. Se debe trabajar sobre la seguridad ciudadana, esto es crear hábitos en las personas sobre rutinas seguras, cambios de conductas para no favorecer los hechos delictivos, generar guardias urbanas e inclusive poner el foco en los negocios que reditúan con el producto de los ilícitos. Pero fundamentalmente debe implementar políticas de inclusión que ofrezcan alternativas a quienes están al margen del sistema y observan en la delincuencia una posible salida de su situación.

INSEGURIDAD, UN MAL COMUN

Bottero puntualizó que el seminario desarrolla contenidos en torno a "la seguridad ciudadana desde una perspectiva integral y local" y que uno de los expositores destacados fue el arquitecto ecuatoriano Fernando Carrión Mena, quien abordó el tema "Seguridad, integración social, entorno urbano y política criminal".

El legislador rafaelino remarcó ciertas claves de la disertación del especialista de Ecuador. "América Latina es un continente fuertemente marcado por la inseguridad, condición que se observa fundamentalmente por el aumento sostenido de la violencia, ya que desde la década del ï80 se han incrementado no sólo los hechos violentos sino también el impacto que generan en la sociedad, y porque la agenda política legitima el tema, pues la problemática está presente en todas las campañas y por lo general la expresión que más aparece es el populismo punitivo y la mano dura", explicó.

En este escenario, la inseguridad "impacta cotidianamente en diversos ámbitos, como el PBI debido a que la inversión en políticas específicas consumen mucho dinero público lo que significa menos inversión social y más policías". Además, agregó Bottero, "se refleja en lo social porque la enorme cantidad de crímenes obliga a considerar a la violencia como una pandemia que dispara nuevos imaginarios, como el de vivir con miedo o que el country es el único lugar seguro que me aísla de un exterior peligroso, así como también resta legitimidad a la Policía".

La receta generalizada para combatir el alto grado de inseguridad "se basó en destinar mayor presupuesto tanto a la Policía como a la Justicia, y en menor medida a las cárceles, aunque en este caso los fondos asignados fueron inferiores pues se procedió a sobrepoblar las estructuras existentes". Al respecto este tipo de políticas, según se analizó en el seminario de Carrión Mena, se instrumentó "a costa de una desinversión social".

Uno de los datos sobresalientes que rescató Bottero fue que "en América Latina El Salvador, Guatemala y Colombia son los que más recursos vuelcan a la seguridad mientras que en el otro extremo Uruguay y Costa Rica apuestan a las políticas sociales". Los resultados indican que los países que más invierten en lo social presentan las tasas de inseguridad y violencia más bajas, las políticas de mano dura generan más de lo mismo, reproducen el modelo constantemente".