La presentación que pretende modificar la reglamentación del servicio de taxis, estableciendo en forma taxativa la obligación de disponer de choferes o peones de taxi en “consonancia con las leyes laborales”, genera suspicacias en el sector taximetrista.

La presidenta de la ATURG, Griselda Fuentes, aseguró representar el sentir de casi la totalidad del sector, al expresar, “en realidad en la ordenanza ya está lo del blanqueo, eso es el ministerio de Trabajo el que tiene que salir a hacer los controles así que no se cual es la modificatoria”, dijo en un tono crítico que inició en su referencia al proyecto.

Fuentes marcó la excepcionalidad de los casos en que titular y chofer comparten licencia y vehículo, “los choferes auxiliares están dentro de la ordenanza que puede elegir estar por cooperativa, por alta temprana o los que tengan una sociedad, o que puedan tener una sociedad de hecho declarada ante la AFIP. Justamente cada uno debe adecuarse en la situación en que se encuentra, si hay una sociedad y es legal a nivel nacional, no veo por que no se pueda hacer”, dijo planteando la vigencia de otras alternativas a la tradicional “relación de dependencia”.

Finalmente en cuanto a los choferes contratados, “ellos deben estar blanqueados como corresponde”, reconoció finalmente, “y está ya está en la ordenanza, no se por que debe tocarse esa norma”, cuestionó.

En ese mismo sentido consideró “excesivo” el proyecto por que “la mayoría está por cooperativa y la minoría por alta temprana, yo íntimamente no me meto en cada uno pero está el ministerio de Trabajo para controlar y realizar las multas en cada caso que corresponda”, dijo la presidenta de ATURG en una clara resistencia que ya comenzó a generar el proyecto.