La Asociación de Trabajadores de la Educación (Atech) denunció que el Ministerio de Educación aplicó descuentos inconstitucionales a los docentes que adhirieron a medidas de fuerza. El sindicato planteó que el gobierno no puede frustrar ni impedir un derecho consagrado en la Constitución como es el derecho a huelga, y exigió que se devuelvan las quitas salariales.
La titular del sector describió que por los descuentos, este mes "muchos docentes y sus familias quedarán sin cubrir sus necesidades primarias. Esto demuestra la insensibilidad de un gobierno que se precia de popular y progresista", disparó.
Contra los pagos extras
El sector asevera no estar de acuerdo con la política salarial actual, que incluye pagos no remunerativos y modificaciones al nomenclador para algunos docentes, entre otros cuestionamientos.
En alusión al pago de presentismo docente, opinó que se aplica "una reglamentación injusta, que altera un derecho social, impide su ejercicio o lo condiciona de modo que pelear o ejercitarlo en la práctica es casi imposible. Al docente que lucha usted lo amenaza y le aplica sanciones económicas", señala un escrito dirigido al ministro de Educación, Francisco Romero.
"Por su insensibilidad, arrogancia y autoritarismo, como ministro de Educación hace uso y abuso de una actitud autoritaria al igual que otros que juraron irse si tenían que practicar descuentos a los trabajadores", señala la carta, que también alude pero sin nombrarla a la ex ministra María Inés Pilatti Vergara.
Enseñar con el ejemplo
Entre los puntos centrales del pronunciamiento de Atech se mencionan a la amenaza, la sanción como resultado de la arbitrariedad de las autoridades. "Cartera educativa y docentes estamos especialmente obligados a enseñar la defensa de los derechos constitucionales y no avanzar sobre ellos o amenazar y sancionarlos", reza otro párrafo.
A favor de los docentes que reclamaron sin asistir a sus puestos de trabajo, se cita que las medidas de fuerza no fueron declaradas como ilegales y que es una sanción pagarles menos. "El trabajador docente no puede ser afectado por decisiones políticas; la ley no reconoce sanciones patrimoniales en el mundo del trabajo", insisten.
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