Desde la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) expresaron en la víspera su confianza de que la ley de Paritarias Docentes, recientemente vetada de forma parcial por el Ejecutivo provincial, sea aprobada finalmente el próximo año.

De esta forma la organización sindical con más llegada al Gobierno provincial salió a poner "paños fríos" en torno a una iniciativa que es largamente anhelada por el sector educativo y que -por el momento- no tendrá aplicabilidad.

Sobre la cuestión, Francisco Bojorque, secretario adjunto de los docentes técnicos enfatizó: "Nos sorprendió porque estábamos convencidos que se dio con pleno consenso, e incluso el texto original ya tuvo modificaciones importantes. La ley no fue vetada, solo algunos artículos y por ello tenemos la firme convicción de contar con los elementos contundentes para en la Legislatura, poder rechazar el veto".

El sindicalista subrayó: "A pesar de este inconveniente, somos optimistas, y en algún momento de 2011 la ley va a salir. Sabemos que debemos esperar hasta marzo por lo menos, pero desde ya estamos trabajando para que la ley tenga el tratamiento inmediato", sostuvo

Bojorque trazó sus expectativas sobre el devenir parlamentario y el mencionado proyecto. "Ya hemos estado trabajando para hacer llegar ya nuestra propuesta a los legisladores para que en marzo tenga tratamiento inmediato. No hará futurología, trabajamos con los fundamentos, pero no debería haber legislador que esté en contra de lo decidido. Lo hacemos sustentado en un trabajo que se hace por escrito", aclaró.

Cabe recordar que la decisión oficial se expone en el Decreto Oficial 3.381/10 del pasado 29 de noviembre, que fuera publicado en el Boletín Oficial Nº 25.864 con fecha 2 de diciembre, revelada hoy.

El Gobernador vetó los artículos 13 y 31. El primero relacionado con beneficios a otorgar a las asociaciones y entidades sindicales; el 31, donde el Estado insiste en declarar a la educación como 'servicio esencial'.

También pide modificar lo dispuesto en el artículo 8º, donde el Gobierno quiere que la Ley determine que los gremios no pueden convocar a huelgas o medidas de fuerza mientras se esté en un marco de negociación.