Consultados, miembros cercanos a la familia no se mostraron sorprendidos por la determinación provincial de ir a la Corte Suprema rechazando el dictamen de la justicia provincial que establece el pago de un millón y medio de pesos, en resarcimiento por la falta de protección, que en varias oportunidades solicitó Roxana Alderete antes de ser asesinada por su marido junto a dos de sus tres hijos.

Además lo familiares calificaron al gobierno provincial de "indolente y mentirosa, porque no se hizo lugar a la orden de la justicia salteña que con valor dictaminó que se abone lo que consideraba como justo".

Por último hicieron referencia a que el acreedor es el que pone las condiciones de pago, "se equivocan por que siempre el deudor debe acatar los requerimientos de la otra parte y en este caso la Provincia es el deudor".

El gobierno justificó su postura a través del ministro de Gobierno, Julio Cesar Loutaif, quien señaló que tras la reunión con los Alderete se les hizo una propuesta de pago con la que no estuvieron de acuerdo, “pero la Provincia debe sujetarse a sus finanzas , tenemos voluntad de abonar la deuda, pero dentro de los parámetros que corresponden y en este caso pretendemos incluir ese gasto en el Presupuesto 2013", enfatizó el funcionario del Gobierno.