El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, cuestionó hoy la implementación del nuevo protocolo para la atención de abortos no punibles para casos de violación en hospitales que realizó el Gobierno bonaerense al señalar que "se legaliza de hecho" la interrupción del embarazo.
Sin embargo, esta mañana, Aguer rechazó la presentación que hizo la administración de Daniel Scioli el 17 de julio ante la Legislatura provincial del protocolo para realizar abortos en el sistema de salud por casos de violación, en el marco del fallo dictado en marzo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Lo que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires en estos días es gravísimo", consideró el religioso.
Y, remarcó que "el Estado se impone la obligación legal de realizar abortos en todos los establecimientos de su sistema de salud; este Protocolo es inmoral, ilegítimo, ilegal e inconstitucional".
Recordemos que el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, exhortó a las provincias y la Capital Federal a implementar protocolos hospitalarios para resolver esos casos, se refirió al inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, que establece que el aborto no es punible "si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto".
Pero el prelado platense opinó que "en realidad la Corte Suprema no tiene derecho a inducir a semejante cosa y la provincia de Buenos Aires no tenía por que sentirse obligada a adoptar esa medida, digna de una severa reprobación".
Durante su habitual columna de los sábados en el canal América, Aguer indicó que es necesario decir "que medidas como esta son inconstitucionales, porque la Constitución Nacional, reformada en 1994, ha incorporado a su texto tratados internacionales que proclaman el derecho a la vida de toda persona desde el instante de la concepción".
"Estos tratados tienen jerarquía constitucional y están por encima de la legislación ordinaria y del mismo Código Penal", subrayó.
Aguer expresó que el protocolo "asume dos supuestos de legalización del aborto: el de peligro para la vida o la salud de la mujer gestante y el caso de violación".
"Contiene una trampa, porque define la salud como el estado de bienestar total, completo, en el orden físico, psíquico y social. De tal manera que la mujer va a poder demandar el aborto porque, por ejemplo, la maternidad menoscaba su salud social", advirtió el prelado.
Y, en ese marco, recalcó: "Vaya a saber uno qué se puede entender por salud social. ¨En qué queda el interés superior del niño, protegido por nuestra legislación?".


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