El viernes, el intendente Enrique Ponce, junto a Barcesat, denunciaron que a pesar que la construcción de la autovía debió ser paralizada, y solo se tenían que hacer las obras que garantizaran la seguridad de transeúntes, automovilistas y vecinos, la UTE prosiguió con los trabajos, sin acatar la orden judicial.

Para el abogado, la medida no fue obedecida por el gobierno. “Es muy difícil que la empresa constructora tome una iniciativa de por sí de desobedecer a la Corte; recibe instrucciones de quien lo ha contratado, el gobierno provincial y este gobierno debe dar las explicaciones a la Corte”, explicó.

“Le pedimos a la Corte que se pronuncie con extrema urgencia” agregó el letrado. El planteo del municipio insta al máximo tribunal de justicia del país a que constate lo denunciado y luego tome las medidas correspondientes.