Mientras tanto, luego de las polémicas declaraciones del ministro de Salud y la desautorización de sus expresiones a través de un parte de prensa oficial, la discusión se trasladó a la Legislatura, donde algunos legisladores esperaban que el Ejecutivo provincial enviara un proyecto propio en sintonía con lo dispuesto por el máximo tribunal.

De ser así, la medida constituiría un cambio radical en torno a la postura que en el año 2007 llegó al mismo gobernador Oscar Jorge a vetar la denominada "Ley Peppino", una normativa que en los últimos días de la gestión vernista sancionó la Legislatura donde se establecía un protocolo para los médicos de la salud pública que se enfrentaran al caso de una mujer que quisiera interrumpir un embarazo, tal lo contemplado desde 1921 en el Código Penal.

Adhesiones.

Entre los que habían escuchado versiones respecto a la adhesión de la provincia al fallo de la Corte se encontraba el socialista Luis Solana (Frepam), quien en los últimos días, junto a sus colaboradores, actualizó el proyecto que en su momento presentara el diputado Adrián Peppino para que tanto su fundamentación como su articulado sintonizaran con el pedido de la Corte. El legislador explicó que varias copias de la iniciativa estaban "dando vueltas" por los bloques con el objetivo de cosechar la mayor cantidad posible de adhesiones.

Igualmente, Solana explicó que su intención era demorar un poco en la presentación del proyecto, a la espera que el Ejecutivo provincial enviara uno propio a la Cámara de Diputados. Luego del veto anterior de Jorge, el diputado consideraba necesario esperar para ver si se confirmaban los trascendidos respecto a que esta misma semana el gobierno enviaría su propio proyecto y luego sí ingresarlo a la Legislatura, para tratar de compatibilizar uno y otro.

Bloque.

Mientras tanto, el bloque de diputados justicialistas se reunirá hoy a las 10 para tratar la temática. La vicegobernadora Norma Durango, por estos días a cargo del Poder Ejecutivo por la licencia de Jorge, ya manifestó que su opinión personal era favorable a sancionar un protocolo, como el que pidió la Corte a las provincias. Sin embargo, dejó en claro que aceptaría la postura política que definiera el gobierno.

Con la visión particular de Durango coincidió ayer la piquense Fernanda Alonso, quien dialogó con LA ARENA en horas de la tarde. "Estoy de acuerdo de que se protocolice", dijo la ex concejala de General Pico, integrante de la Comisión de Legislación Social y Salud. "No lo hemos discutido como bloque todavía, pero obviamente que vería con agrado que el Ejecutivo vehiculice un proyecto en ese sentido", dijo.

Alonso estimó que el ministro Mario González, titular de Salud, había expresado una opinión personal, pero cuando este diario le recordó que el funcionario había asegurado que hablaba por el gobierno de Oscar Jorge y no como "librepensador" aseguró que, en todo caso, esa afirmación resultaba "congruente" con el veto del gobernador. "El Ejecutivo debería rever su postura", respondió luego, cuando se le consultó cuál debería ser la actuación de Jorge a más de cuatro años de aquella decisión.

Abstención.

La justicialista Carmen Bertone, a diferencia de Alonso, marcó una posición clara en contra el pedido de la Corte y dijo estar casi segura de que se abstendría en caso que tuviera que votar como diputada la aplicación de un protocolo para abortos no punibles. La ex subsecretaria de Turismo y ex senadora, preside actualmente la Comisión de Legislación General. "Estoy en contra del aborto", anticipó. Si bien lo que se tratará no es la despenalización del aborto, tema que se debatirá nuevamente en el Congreso de la Nación, la diputada aclaró que tiene una posición personal basada en sus creencias religiosas y, por lo tanto, tampoco apoyará la protocolización de los casos contemplados en el Código Penal. "Respeto todas las opiniones al respecto, por eso creo que me voy a abstener", dijo.

Otro de los consultados por este diario fue el diputado Juan Pablo Morisoli, quien aseguró no contar con elementos todavía para adelantar una opinión.

Más voces de repudio al ministro

El dictamen de la Asesoría Letrada de Gobierno en torno al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sobre el aborto no punible podría estar terminado entre hoy y mañana. Mientras tanto, luego de las polémicas declaraciones del ministro de Salud y la desautorización de sus expresiones a través de un parte de prensa oficial, la discusión se trasladó a la Legislatura, donde algunos legisladores esperaban que el Ejecutivo provincial enviara un proyecto propio en sintonía con lo dispuesto por el máximo tribunal.

El papelón en que el gobierno se vio envuelto el fin de semana tomó trascendencia nacional, puesto que los medios de comunicación de todo el país están atentos a cuáles serán los pasos a seguir por las distintas provincias. Como se sabe, Mendoza y Salta (luego intentó una rectificación) se opusieron, mientras que Córdoba y Tierra del Fuego ya anunciaron que trabajarán en la implementación de protocolos.

Adhesiones.

Entre los que habían escuchado versiones respecto a la adhesión de la provincia al fallo de la Corte se encontraba el socialista Luis Solana (Frepam), quien en los últimos días, junto a sus colaboradores, actualizó el proyecto que en su momento presentara el diputado Adrián Peppino para que tanto su fundamentación como su articulado sintonizaran con el pedido de la Corte. El legislador explicó que varias copias de la iniciativa estaban "dando vueltas" por los bloques con el objetivo de cosechar la mayor cantidad posible de adhesiones.

Igualmente, Solana explicó que su intención era demorar un poco en la presentación del proyecto, a la espera que el Ejecutivo provincial enviara uno propio a la Cámara de Diputados. Luego del veto anterior de Jorge, el diputado consideraba necesario esperar para ver si se confirmaban los trascendidos respecto a que esta misma semana el gobierno enviaría su propio proyecto y luego sí ingresarlo a la Legislatura, para tratar de compatibilizar uno y otro.

Bloque.

Mientras tanto, el bloque de diputados justicialistas se reunirá hoy a las 10 para tratar la temática. La vicegobernadora Norma Durango, por estos días a cargo del Poder Ejecutivo por la licencia de Jorge, ya manifestó que su opinión personal era favorable a sancionar un protocolo, como el que pidió la Corte a las provincias. Sin embargo, dejó en claro que aceptaría la postura política que definiera el gobierno.

Con la visión particular de Durango coincidió ayer la piquense Fernanda Alonso, quien dialogó con LA ARENA en horas de la tarde. "Estoy de acuerdo de que se protocolice", dijo la ex concejala de General Pico, integrante de la Comisión de Legislación Social y Salud. "No lo hemos discutido como bloque todavía, pero obviamente que vería con agrado que el Ejecutivo vehiculice un proyecto en ese sentido", dijo.

Alonso estimó que el ministro Mario González, titular de Salud, había expresado una opinión personal, pero cuando este diario le recordó que el funcionario había asegurado que hablaba por el gobierno de Oscar Jorge y no como "librepensador" aseguró que, en todo caso, esa afirmación resultaba "congruente" con el veto del gobernador. "El Ejecutivo debería rever su postura", respondió luego, cuando se le consultó cuál debería ser la actuación de Jorge a más de cuatro años de aquella decisión.

Abstención.

La justicialista Carmen Bertone, a diferencia de Alonso, marcó una posición clara en contra el pedido de la Corte y dijo estar casi segura de que se abstendría en caso que tuviera que votar como diputada la aplicación de un protocolo para abortos no punibles. La ex subsecretaria de Turismo y ex senadora, preside actualmente la Comisión de Legislación General. "Estoy en contra del aborto", anticipó. Si bien lo que se tratará no es la despenalización del aborto, tema que se debatirá nuevamente en el Congreso de la Nación, la diputada aclaró que tiene una posición personal basada en sus creencias religiosas y, por lo tanto, tampoco apoyará la protocolización de los casos contemplados en el Código Penal. "Respeto todas las opiniones al respecto, por eso creo que me voy a abstener", dijo.

Otro de los consultados por este diario fue el diputado Juan Pablo Morisoli, quien aseguró no contar con elementos todavía para adelantar una opinión.

Rossi criticó la postura del ministro González

La presidenta del Consejo de la Mujer, Elizabeth Rossi, se mostró "sorprendida" por las palabras del ministro de Salud, Mario González, quien afirmó que en La Pampa no se iba a aplicar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el aborto no punible en casos de violación.

Lo cierto es que la militante de la ONG "Mujeres por la Solidaridad" señaló en Radio Noticias que "existe una necesidad de consensuar, y tener una posición única" desde el Gobierno pampeano. En ese sentido, Rossi celebró las palabras de la vicegobernadora Norma Durango, quien afirmó que no había una postura definida en el Ejecutivo provincial, y que su posición estaba en consonancia con la del máximo tribunal de justicia.

La funcionaria provincial, además, comentó que justamente había pedido reunirse con el ministro de Salud, hace unos días, para hablar sobre el fallo de la Corte Suprema y su aplicación en La Pampa. Pero el jefe de esa cartera nunca la recibió.

"Es un tema muy sensible, pero este fallo realmente despeja las dudas. La Pampa está en el mapa nacional, y siempre se garantizaron los derechos. Se va a estudiar el dictamen y luego se darán las directrices para adecuar la situación a la provincia", señaló sobre la posibilidad de acatar el dictamen en la provincia.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia realiza, mediante su dictamen, una interpretación del artículo 86 del Código Penal, estableciendo que el aborto no es punible en casos de violación, independientemente de si la víctima es o no demente.

Luego de las declaraciones del ministro González, los medios de alcance nacional se hicieron eco de las mismas y tuvieron duras expresiones con el Gobierno pampeano. Sobre esta situación, Rossi afirmó: "Es triste que aparezcamos de esta forma (en el ámbito nacional), cuando acá hubo legisladores que fueron pioneros en leyes de salud sexual y reproductiva".

Comentó, por otro lado, que "prontamente la Asesoría Letrada de Gobierno deberá de definir la situación. La Salud Pública en La Pampa garantiza el derecho de todas las personas incluidas en la ley".

Por otro lado, Rossi dijo que siempre que se hace referencia a estos temas "tan sensibles" recuerda el caso de Romina Tejerina. "Su situación se tendría que haber tratado con mayor humanidad", comentó. La joven fue condenada, en la provincia de Jujuy, a 14 años de prisión por el asesinato de su hija recién nacida, como consecuencia de una violación.

Antecedentes.

La postura de Lizzy Rossi, sorprendentemente, no aparece del todo clara en sus palabras. Esto es curioso, ya que la funcionaria es una de las referentes de movimientos sociales que reclamaban un fallo como el de la Corte Suprema.

Rossi estuvo siempre relacionada con el Foro Pampeano por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, que expresa continuamente su respaldo a los proyectos que impulsan la legalización y despenalización del aborto, y el derecho de la mujer a decidir la interrupción del embarazo antes de la duodécima semana de gestación.

La posición de Rossi es complicada en la actualidad, ya que forma parte de un gobierno, cuyo titular, Oscar Jorge, vetó en diciembre de 2007 una ley que establecía el protocolo para los abortos no punibles en La Pampa, la denominada "Ley Peppino".

"Es ilegal obstaculizar el aborto en violación"

El Foro Pampeano integrante de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito repudió ayer los dichos del ministro de Salud Mario González "por su marcada ineficiencia en el cumplimiento de los deberes de funcionario público, en una actitud negligente e irresponsable para con su obligación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres pampeanas".

Fue en respuesta a los dichos del funcionario de que en La Pampa no se iba a aplicar el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto no punible en todos los casos de violación. Así consideraron que "es ilegal obstaculizar la interrupción de un embarazo producto de una violación".

Exigieron además que la Legislatura haga un urgente pedido de informe a todos los responsables del área de Salud acerca de la implementación de los abortos no punibles en los establecimientos públicos de la provincia, la renuncia del ministro de Salud y un pedido de audiencia a las máximas autoridades provinciales.

Las integrantes del Foro indicaron que "el gobierno provincial a través del comunicado de prensa publicado el día domingo se muestra dilatorio, confuso ante un fallo que es claro en el que todos los estados provinciales deben ajustarse al derecho judicial desarrollado por la Corte Suprema de Justicia".

"Las afirmaciones del ministro -continúa el escrito- implican un desconocimiento del orden político y jurídico vigente: los gobiernos provinciales no pueden elegir si obedecen o no lo establecido por las leyes de nuestro país. Tampoco la interpretación de las leyes y su alcance es potestad concedida al Poder Ejecutivo, o sea a gobernadores, sino que es ámbito constitucionalmente atribuido a jueces y juezas y en última instancia, como ha sucedido en el caso referido, a la Corte Suprema de Justicia. Las y los gobernadores están obligados a cumplir con ello en su carácter de funcionarios públicos de un país republicano en el cual están establecidas las funciones asignadas a cada uno de los poderes -judicial, ejecutivo y legislativo -y los alcances del federalismo".

El Foro explicó que "la Corte no instauró el derecho al aborto no punible en caso de un embarazo producto de una violación, sino que confirmó/ratificó que la interrupción de un embarazo en caso de peligro de la salud o de la vida de la mujer gestante y en caso de ser producto de una violación, es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1921/1922. El Supremo Tribunal determinó la aplicabilidad directa del artículo 86 del Código Penal argentino, sin ningún tipo de injerencias arbitrarias, demoras o cuestionamientos, armonizándola con los instrumentos de Derechos Humanos suscriptos por nuestro país y que tienen jerarquía constitucional".

"En pocas palabras: demorar una interrupción legal de un embarazo es delito. La denegación, por parte de los profesionales de la salud o cualquier funcionario público, constituye un acto ilícito que acarrea responsabilidades tanto del Estado como de los particulares que insistan en sostener una interpretación que vulnera los Derechos Humanos de las mujeres reconocidos", comentaron.