Espejitos. Cuentas de vidrio. Eso suelen parecer algunos títulos de propiedad en este país. Lo que alguna vez habrán creído los abuelos -que tener una escritura con renglones de color rosado y números de inscripción en un registro notarial significaba una legitimación de los derechos- ha caído en franca duda. Hoy en día, tener escritura puede ser tan veraz como tener título universitario, sabiendo que unos iguales al propio se venden por Internet a bajo costo.

Este semanario se ha extendido en desarrollar suficientemente la situación caótica que presenta la subdivisión de tierras en las localidades de la costa atlántica, fruto de ventas apresuradas, posteriores al loteo de antiguas estancias patriarcales.

Pero eso no es todo. Por otra parte se ha sumado el arte de la falsificación, por el cual más de una persona se ha presentado con títulos de propiedad y boletos de compraventa firmados por propietarios ya fallecidos. De todo ello se desprende que una tierra ha sido vendida más de una vez, o que alguien miente cuando dice que la ha comprado.

Y claro que siempre pierde el más débil, el que no tiene dinero para hacer uso completo de la tutoría judicial que merece, y ni siquiera sabe cómo reclamarla. Es decir, el campesino que realmente tiene una hectárea de lechuga en medio de tres estancias.

Pero eso tampoco es todo. El Estado, en lugar de verificar y velar por la regularización de una situación que lleva siglos de errores acumulados, saca partido político de las equivocaciones de procedimiento, o se suma al caos general: tal es el caso en que las escrituras que una familia necesita para regularizar su situación simplemente se sacan de bajo tierra a como dé lugar, sin realizar los trámites necesarios. Lejos de resolver un problema judicial vinculado con el derecho a la propiedad, tales papeles no hacen más que poner en duda la veracidad de todos los títulos similares, que se convierten inmediatamente en verdaderos papelitos de colores.

Tal es el caso de las escrituras recientemente entregadas, correspondientes a propietarios del barrio IMDUR, que reclamaron desde el año 1996 la pronta subdivisión de las tierras que habitaban.

De hecho, varias familias obtuvieron sus escrituras. Ellas son parte de las 468 titulares de las viviendas que se incluyen en las ocho torres, emplazadas en manzanas ubicadas entre las calles Alvarado, Nasser, Alberti y Tres Arroyos de esta ciudad.

Poco y nada

Pero al parecer, la entrega de tales papeles es más un acto de negligencia que el cumplimiento de los legítimos derechos, si se tiene en cuenta que la causa ya es histórica, y que ha incluido el procesamiento de por lo menos tres funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda de Buenos Aires, por orden del fiscal Pablo Cistoldi de la UFI Nº 10 de Delitos Económicos. Ellos fueron: Daniel Guastavino, administrador, Eduardo Suriani, director general de Obras, y Alfredo Garay, subsecretario de Urbanismo y Vivienda.

En esa oportunidad, el fiscal había dicho que agregaría a lo dicho en la causa, el “déficit de las autoridades municipales en el cumplimiento de sus deberes de controlar proyectos y obras, y velar por la calidad de vida de los habitantes de complejos habitacionales”. ¿En qué quedó todo? ¿Se arregló con la entrega de un papel supuestamente válido?

Las torres se construyeron en los 90, sobre un predio cedido por la Municipalidad a la Provincia, que aún figura en los planos como Vivero Municipal: ocho hectáreas en total que jamás fueron subdivididas legalmente.

Ya en 2000, uno de los propietarios, Oscar Hernández, formuló la primera denuncia en nombre de los adjudicatarios, por el incumplimiento por parte del Instituto de las normas preestablecidas. Según la investigación de la fiscalía, la situación resultó ser aun más grave de lo que se contaba en el relato inicial.

La estafa consta de vicios ocultos de la construcción, problemas para el normal otorgamiento de los servicios, imposibilidad de subdivisión de la tierra, y por consiguiente, de la normal escrituración.

Como resultado de lo dicho, en las ocho torres hay enormes manchas de humedad en las paredes proveniente de los cimientos, gran cantidad de caños rotos, calles interiores de tierra en estado de abandono, ascensores que no funcionan, deficiencias importantes en la instalación eléctrica, y más. La falta de toda la infraestructura de urbanismo que estaba prevista ha generado que muchas partes del complejo se conviertan en territorio abandonado, y en basurales de hecho. La falta de una correspondiente subdivisión de tierras ha causado que no se pueda en efecto nombrar una administradora para las torres, por lo cual cualquiera puede hacer lo que le parezca o usurpar un departamento sin mayor problema. Como si esto fuera poco, las cloacas rebalsan, es decir que si los niños de la casa no han enfermado de los bronquios por la humedad, contraerán enfermedades infecciosas por la contaminación.

Como la situación legal es tan irregular, la empresa de energía suspendió el servicio en la zona perimetral, en virtud de que, al no haber administradora, no hay a quién cobrarle el consumo. Por eso los alrededores se han convertido en tierra de nadie. Lo mismo sucede con las escaleras, que permanecen a oscuras, lo que hace que resulte prácticamente imposible acceder a la totalidad de los departamentos. A esto se suma que la construcción de tales escaleras es de por sí irregular: las barandas no tienen la altura reglamentaria y en muchos casos están desprendidas de la pared. Además los escalones no tienen tampoco las medidas legales, lo cual aumenta el riesgo de accidentes. Para completar el cuadro, algunos vecinos han obstruido el pasillo con rejas particulares como modo de combatir la inseguridad en un predio que se convierte en la casa del terror, ni bien se oculta el sol. Por eso la evacuación en caso de un incendio sería prácticamente imposible, y cada sector de departamentos se convertiría en una jaula sin salida.

Por supuesto que estos planos no están aprobados, y que no puede formarse un consorcio porque el conjunto no está encuadrado dentro de la ley de propiedad horizontal. Hasta hay llaves de luz que descargan electricidad, y un balcón se desprendió de la pared en sus amurados laterales.

Diversas inspecciones de bomberos y policía científica dijeron que los edificios no cumplen ni siquiera las mínimas medidas de seguridad, y hay riesgo de intoxicación por monóxido de carbono a causa de instalaciones de gas y aparatos de combustión: la empresa Camuzzi no cuenta con los planos del complejo.

Ahora bien: si el predio no está subdividido, los planos no están aprobados y no hay final de obra. Si en el predio conviven familias adjudicatarias, cesionarios regulares e irregulares, y ocupantes de hecho. Si el titular dominial es el Instituto de la Vivienda, que no ha hecho ninguno de los pasos legales necesarios para regularizar este desquicio, ¿cómo es que vienen los mismos funcionarios de la Provincia a entregar escrituras, con gran parafernalia de ministros que brindan con los funcionarios municipales? Y lo que es peor, ¿dónde está el fiscal Cistoldi?

Endemia

Sólo en Mar del Plata, existen varios emprendimientos habitacionales con injerencia del INVBA respecto de los cuales se han denunciado irregularidades y estafas varias, reflejadas en numerosas denuncias penales. Tal es el caso de Lomas del Golf, el barrio parque Vellini-Amtedyc, las torres de Olazábal-OAM, el barrio Jardín Gabriel Etchepare-Raíces, el barrio UOCRA, el edificio Arenas Blancas, los barrios Los Tilos y Ostende. La situación es siempre la misma: causas paralizadas, sin respuesta oficial, y ninguna noticia de los responsables legales que deberían pagar las irregularidades con su propio patrimonio, y no con las arcas del Estado que siempre pierde los juicios.

Pero en el momento en que el fiscal pidió el procesamiento de los funcionarios del INVBA, determinó un plazo de treinta días para que ellos implementaran un plan de acción viable para “hacer cesar los daños y peligros que se vienen generando para la vida, integridad y bienes de habitantes y terceros, reparar en la medida de los imposible los perjuicios ya causados, bridar información suficiente sobre el actual estado de cosas, y prevenir la reiteración y perpetuación de casos semejantes”. Han pasado cinco años sin que los habitantes del complejo tengan una noticia reparadora sobre el particular. Todo parece borrarse con el advenimiento de una escritura, cuya validez es insostenible ante la falta de regularización de la situación detallada.

Aunque también había dicho el fiscal Cistoldi, que había que determinar la responsabilidad de la comuna en semejante desidia, ya que, según dijo, “lo que comenzó siendo un proyecto de polo de desarrollo barrial ha devenido en postal del subdesarrollo”, y además, que “todo indica que la alta permisividad de las sucesivas autoridades municipales fue un importante factor que posibilitó la entrega de las unidades a los adjudicatarios en condiciones de franca irregularidad y sin visos de normalización a la vista”.

¿Y entonces? Si ya en 2007 el fiscal temía que se produjera un nuevo Cromañón en estos edificios, ¿qué fue lo que hizo que en cinco años se le fuera el miedo? ¿Se olvidó?

Papelitos de colores para los habitantes de las torres del IMDUR. Si alguno cree que con ellos algo ha cambiado, se equivoca.