Una ONG de La Pampa, la Fundación Chadileuvú (Fuchad), realizó ayer un fuerte alegato en contra de Mendoza y del Estado nacional por el viejo conflicto por el cauce del río Atuel en un juicio ético - que no tiene características vinculantes en ningún proceso judicial- que se está realizando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA).

Dicho tribunal, creado en 1998, dará a conocer el viernes su sentencia en el marco de una audiencia pública en la que se analizan también otros conflictos hídrico-ambientales de Argentina, Chile, Perú y México.

Los activistas de Funchad y la dirigencia política de La Pampa que ayer asistió a la UBA (unos doscientos pampeanos viajaron a Capital Federal a manifestarse) se mostraron confiados que el viernes conseguirán un fallo ejemplar favorable para la vecina provincia. "Será la primera sentencia de un tribunal internacional, compuesto por jueces que no son nacionales. Confiamos que será favorable a La Pampa y que ordene que Mendoza comparta equilibradamente el agua del Atuel ya que, como falló la Suprema Corte nacional en 1987, se trata de un río interprovincial.

La ineficiencia con la que riegan los mendocinos es inaceptable por eso pretendemos que el Tribunal sugiera que se adopten medidas para aprovechar mejor el Atuel", explicó el legislador provincial pampeano Martín Berhangaray (UCR), uno de los abogados y activistas de Funchad que ayer realizó el alegato ante el Tribunal Latinoamericano del Agua. Los otros fueron el titular de la ONG, Héctor Gómez y Walter Cazenave.

La estrategia de una parte de la dirigencia política de La Pampa es que el Gobierno de Oscar Jorge (kirchnerista) tome la sentencia del TLA, que descuentan será positiva para la vecina provincia, para sustanciar una futura nueva demanda contra Mendoza y la Nación ante la Suprema Corte nacional que incluiría, esta vez, un pedido de resarcimiento económico por todas las décadas que lleva el reclamo pampeano sin atención (consideran que desde la construcción de la represa El Nihuil en San Rafael, el Atuel dejó de escurrir sus aguas en La Pampa y esto produjo la desertificación de un millón de hectáreas y la migración de poblaciones hacia el Este).

El senador nacional Juan Carlos Marino (UCR) aseguró que "(los mendocinos) nos robaron un río y esto es fundamento suficiente para pedir un resarcimiento en la Justicia por todos los años que nos privaron del desarrollo". Sin embargo, el gobernador Jorge viene sosteniendo que la vía de solución es el diálogo político.

Ayer, Mendoza no se hizo presente en la defensa de la postura provincial en el juicio ético que está en marcha en el TLA. Sólo envió un oficio, firmado por el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, en la que se ratificó la voluntad manifestada por el ex gobernador Celso Jaque en 2008, cuando firmó con Jorge y Cristina Kirchner, un convenio por el cual se le comprometió el envío de un cuota mínima de agua a La Pampa.

Prensa del TLA informó en un comunicado las palabras de Baldasso: "Mendoza manifiesta (en dicho convenio) la voluntad de proveer un caudal mínimo permanente de escurrimiento con destino a la Provincia de La Pampa". Pero aclaró que el mismo "está sujeto a la aprobación de la Legislatura provincial".

En rigor de verdad, ni el gobierno de Jaque ni ahora el de Francisco Pérez mandaron a la Legislatura lo que se firmó en 2008 (esta omisión fue uno de los motivos por los cuales se le inició un juicio político al ex superintendente de Irrigación, Eduardo Frigerio).

El radicalismo provincial reclama que aparezca dicho acuerdo y está decidido a votar en contra del envío de agua a La Pampa debido a que el fallo de la Corte de 1987 sostiene que Mendoza debe poder regar 72 mil hectáreas y hoy sólo están bajo riego la mitad, además de que hay zonas del Oeste de General Alvear que están desertificándose.

En tanto, en el gobierno de Pérez algunas voces consideran que luego de la sentencia del TLA será inexorable enviar lo que firmó Jaque a la Legislatura a fin de acusar a la UCR mendocina -con la que el PJ mantiene una guerra en varios frentes- de hacer naufragar las negociaciones con La Pampa y La Nación.

"En Mendoza dicen que el acuerdo no entró en vigencia porque la Legislatura no lo refrendó, sin embargo la cláusula 10 de dicho documento obliga a Mendoza a garantizar una cobertura mínima de agua a La Pampa desde el día en que Jaque y Jorge suscribieron el convenio. Ya pasaron más de cuatro años. El aval de la Legislatura mendocina era sólo a los efectos de que la Nación diera asistencia financiera para realizar las obras imprescindibles para mejorar el riego", dijo Berhongaray.

El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, está integrado por Philippe Texier, quien fuera presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas; Alexandre Camanho de Assis, Procurador regional de la República de Brasil; el muralista mexicano Ariosto Otero y la doctora Silvia Nonna, experta y asesora de la Nación en materia legal medioambiental y la doctora Giselle Boza Solano, directora del Sistema Radiofónico Universitario de Costa Rica.