A mediados de año, el gobierno nacional, mediante decreto, dispuso la prórroga por 15 años de la promoción a San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan. Esto generó la reacción del sector industrial pampeano que le pidió al Ejecutivo provincial que demandara el mismo tratamiento en materia impositiva, entre otros beneficios.

Jorge, mediante una nota, elevó la inquietud a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y nunca más se habló del tema.

El mes pasado, en ocasión de la visita a Santa Rosa del ministro del Interior, Florencio Randazzo, el funcionario nacional se refirió a la situación planteada con Mendoza, cuyo gobierno inició acciones judiciales para conseguir los beneficios promocionados. Dijo que no era la vía indicada ya que debía primar el entendimiento entre los estados provinciales y el nacional en función de un desarrollo productivo armónico.

El martes pasado, después de varias semanas de gestiones entre las autoridades mendocinas y del gobierno central, el mandatario mendocino Celso Jaque anunció que su provincia había llegado a un acuerdo con Nación sobre la promoción industrial. "Cristina escuchó a los mendocinos desde un primer momento", aseguró el gobernador cuyano, en alusión al decreto presidencial que incluirá a siete departamentos mendocinos (el 81 por ciento del territorio provincial) que recibirán la extensión de la promoción hasta ahora limitada a cuatro provincias, mientras que el resto de los departamentos no contemplados serán compensado con beneficios específicos (ampliación de empresas o industrias que ya están instaladas) para determinadas actividades económicas.

Los departamentos beneficiados son: General Alvear, Las Heras, Lavalle, La Paz, San Rafael, Malargüe y Santa Rosa), según consta en el decreto 699/10.

La medida implica nuevas posibilidades de inversión en Mendoza de la industria textil, calzado, papel, cartón, farmacéutica, automotriz, fabricación de cubiertas y electrodomésticos. "Evita el traslado de empresas de empresas mendocinas a otras provincias, garantiza los empleos existentes, promueve nuevos puestos de trabajo y tiende a equilibrar las desigualdades de desarrollo en el territorio", consideraron las autoridades de la provincia vecina.

Inmediatamente anunciada la buena nueva para la provincia vecina, sus autoridades levantaron la demanda presentada ante la Corte.

A la inversa, el gobierno pampeano recurrirá recién ahora ante la máxima instancia judicial, como desde un primer momento lo exigieron los empresarios agremiados en Unilpa (Unión de Industriales de La Pampa) tras fracasar en el intento de llegar a un entendimiento con Nación.