Aunque no tendrá efectos inmediatos en el territorio en disputa, la aceptación de Palestina como “Estado observador no miembro” en la Asamblea General de Naciones Unidas traerá consecuencias significativas en el terreno de la justicia internacional. La decisión adoptada el jueves en el seno de la ONU le permitirá a los palestinos denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI), opción que hasta ahora estaba vedada porque la Fiscalía de La Haya prefería no pronunciarse acerca del status de Palestina.

Para recurrir a la CPI, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que encabeza Mahmoud Abbas deberá primero firmar el Estatuto de Roma suscrito por 121 países del mundo, entre los que no figura Israel. Una vez que haya dado ese paso, podrá pedir a la Fiscalía que abra una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos por las autoridades israelíes en la última década.

La legislación por la que se rige la Corte de La Haya tipifica como crimen de guerra el “traslado, por una potencia ocupante, de parte de su población civil al territorio que ocupa”. Desde ese punto de vista, la instalación de asentamientos israelíes en Cisjordania y en el sector árabe de Jerusalén podría considerarse un delito que afecta al pueblo palestino.

Al mismo tiempo, Palestina podrá solicitar a la Fiscalía de la CPI que abra una investigación sobre la muerte del líder palestino Yasir Arafat en caso de que los análisis sobre su cuerpo concluyan que fue envenenado. Un grupo de expertos de cuatro países exhumaron esta semana los restos de Arafat para realizar los estudios, cuyos resultados se conocerán dentro de tres o cuatro meses.

Tres años atrás, la ANP ya había hecho gestiones ante la CPI para que investigara los supuestos crímenes cometidos por Israel durante la ofensiva militar sobre Gaza conocida como Plomo Fundido, en 2008. Sin embargo, el entonces fiscal de la Corte, el argentino Luis Moreno Ocampo, respondió que la Fiscalía no podía avanzar sobre la denuncia en tanto los organismos competentes de la ONU no definieran si Palestina era o no un Estado.

Con la resolución adoptada esta semana, ese obstáculo queda eliminado. En una entrevista que dio a este diario en julio, la nueva fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, explicó que el reconocimiento de Palestina en Naciones Unidas como Estado observador –el mismo status que tiene el Vaticano y que tuvo la República Federal de Alemania antes de la caída del Muro de Berlín– habilitaría a la ANP a solicitar que la Corte inicie una investigación sobre los crímenes denunciados.

En cuanto a los alcances de la votación del jueves dentro de la propia ONU, a partir de ahora Palestina podrá incorporarse a varios organismos que están bajo la órbita de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización de la ONU para la Agricultura (FAO).

Sin embargo, el rango de Estado observador no miembro no le confiere derecho a votar en la Asamblea General. Este cuerpo no tiene la potestad para declarar a Palestina como un Estado miembro con plenos derechos, ya que esa decisión requiere el visto bueno del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, uno de sus miembros permanentes, ha dicho públicamente que no aceptaría esa posibilidad ya que la considera un obstáculo para las negociaciones bilaterales entre la ANP e Israel, estancadas desde hace más de dos años.

Así las cosas, la histórica definición de la ONU puede poner en serios aprietos a Israel en un contexto de creciente aislamiento internacional.