Se cita abundantemente a la presidenta Cristina Fernández y las designaciones en las listas como auténticos caprichos de “la reina”; no obstante, todos los dirigentes que encabezan fracciones partidarias han actuado del mismo modo: en nada difiere el comportamiento de la Presidenta del de Carrió, Alfonsín, Macri o Binner.

Un cocido hecho entre gallos viejos de la política y una medianoche sin luna, eclipsa la idea misma de participación ciudadana que pregonan las leyes de consulta a la sociedad. Peor aun, el silencio de los sectores medios de la sociedad, aquellos que por décadas han sido el motor del disconformismo burgués en nuestro país, es notorio y significativo.

No es de extrañar entonces que a cada paso el servicio de justicia sea cada vez más cortesano y menos republicano. Es el caso del fuero contencioso administrativo. Creado en 1998 con el propósito formal de dar celeridad a los reclamos del ciudadano ante el poder público, atravesó un largo camino hasta su efectivización real. Pensemos que recién en 2011 la Corte provincial resolvió un contencioso iniciado por Venturino Eshiur en 1995 contra General Pueyrredon.

El fuero debía resolver estas cuestiones. Sin embargo, ha resultado ser un fuero que protege al Estado sine die de los reclamos del soberano ignorado, ese que paga impuestos y trata de cumplir con sus obligaciones aun a costa de su estándar de vida.

Integran la cámara -con asiento de Mar del Plata y competencia sobre Dolores, Azul, Necochea y Bahía Blanca- Elio Horacio Riccitelli, Adriana Sardo y Roberto Mora. Quienes conocen el fuero sostienen que la cámara funciona en base al conocimiento y accionar de Riccitelli (que proviene del riñón de la Corte), con la anuencia absoluta de la doctora Sardo. No se conocen de este órgano fallos en disidencia.

Este tribunal va a decidir sobre el destino de la vieja terminal, lo cual resultará una resolución de alto impacto político y social en la ciudad. Quizá para entender el contexto valga citar un párrafo de la carta del ex embajador argentino ante la corona sueca Albino Gómez, publicada en La Nación en referencia a la justicia del país nórdico. Dice Gómez: "En cuanto al sistema que configura la justicia sueca, poco tiene que ver con los sistemas judiciales occidentales, vinculados con la clásica separación de los poderes: en Suecia la justicia no es mucho más que una rama de la administración. Los jueces vienen por lo común de la administración y se consideran elementos del aparato. Su misión radica menos en la protección del ciudadano contra el Estado que en la de éste contra el ciudadano. El sistema tiene bases muy antiguas, y la idea de la separación de los poderes le es desconocida. Y quien pretenda asegurar demasiado sus derechos pasa por ser formalista". Exactamente así estamos en palacio: como suecos cortesanos.