Esta vez, el tribunal estuvo integrado por los jueces Carlos Alberto Mahiques y Jorge Hugo Celesia, quienes tuvieron la misión de evaluar los recursos que habían interpuesto los abogados defensores de Ana Elma Pandolfi, condenada durante 2004 a siete años de prisión por abuso de menores. Los hechos en cuestión habrían acontecido durante los ciclos lectivos 2001 y 2002, cuando niñas que concurrían al nivel preescolar del Instituto Divino Rostro dieron muestras de sintomatología concurrente con el abuso sexual. Por esa razón, los padres se reunieron, solicitaron opiniones médicas y radicaron sendas denuncias en la fiscalía correspondiente.

A criterio de las psicólogas intervinientes, la catarata de denuncias que desbordaron los tribunales en un mismo fin de semana se habría debido a que, al romper una de las niñas el pacto de silencio, las otras interpretaron sus palabras como un permiso tácito para hablar acerca de lo que habría acontecido. Las mismas profesionales interpretaron que no hubo en la oportunidad signos de psicosis colectiva ni de una histeria por contagio, que pudieran haber conducido a remedar los relatos.

El tribunal de primera instancia -el Criminal nº 3 de esta ciudad- había sesionado durante 2004 conformado por los jueces Daniel Adler, Eduardo Alemano y Hugo Trogu. En la oportunidad, el cuerpo colegiado anunció que el material pericial tenido en cuenta a los efectos de la sentencia había sido el siguiente: informe de Norma de los Santos, perito psicóloga del Tribunal de Menores nº 1; informe de la psicóloga Beatriz Marcela Malbrán, del Hospital Especializado Materno Infantil; informes aportados por las psicólogas forenses Lía Martínez y Alicia Rodríguez; todas ellas se centraron en evaluar los dichos, signos corporales y lenguaje explícito de seis niñas.

Por otra parte, la docente en todo momento dijo desconocer los hechos, afirmaba que su existencia se había convertido en una tragedia a partir de los acontecimientos que fueron de público conocimiento: “mi vida en el suelo, partida en cinco mil pedacitos”. Su defensa se había basado en que, a criterio de los letrados, los hechos no habían podido darse por probados. Consideraron que el contenido de las declaraciones de las niñas podría haber sido inducido, debido a la utilización de una técnica defectuosa en el procedimiento por el cual se recavó la información. La narración estaría marcada por el sesgo del investigador.

La defensa consideró, además, que la acusada fue víctima de una especie de conspiración psicoanalítica a la que juzgó obsoleta.

Ni en broma

A pesar de todas las objeciones metodológicas, el tribunal de primera instancia había considerado que la declaración de los niños debía de considerarse veraz, sobre todo porque así lo aseguraban las peritos. Dijo Malbrán que las versiones falsas siempre caen en la reiteración, y las niñas han sostenido sus dichos con detalles que no pueden provenir de su imaginación, ya que no tienen experiencias sensoriales parea generarlas.

“Al igual que los adultos, los niños pueden o no decir la verdad”, dijo Alemano. Las psicólogas agregaron que no encontraban en los testimonios de las niñas indicadores de influencias de terceros, o de lo que se llama co-construcción del discurso, que es el primer riesgo que se puede correr cuando se investiga este tipo de delito. Significa que los padres y demás adultos hayan puesto palabras al alcance de los niños, ya que los pequeños creen que conforman a los padres dándolos por ciertos.

De todas maneras, el juez hizo la salvedad de que, en un momento, el tribunal de menores intervino indebidamente, ya que se trata de un delito cometido por adultos. Nada tenían que hacer allí, más que asistir a las menores.

Pero lo cierto que las miradas de los adultos se centraron en la acusada como en el mismo diablo, y poco hubiera importado hacer salvedades acerca de la naturaleza de los hechos: como la turba enardecida que corre a linchar al monstruo, las voces se alzaron para pedir la cabeza de Pandolfi. Hasta el psiquiatra que intervino en el proceso atendiendo a la imputada tuvo palabras de parcialidad: “los abusadores son grandes actores anestesiados afectivamente”. De sus palabras se extrajeron algunas conclusiones descabelladas: que Ana pareciera una persona incapaz de levantar sospechas de una situación abusiva la hacía presuntamente más peligrosa. Los pedófilos parecen gente de lo más normal.

Además, como Ana no ascendió en jerarquía -permaneció en el aula a pesar de tener edad de cambiar de cargo-, el psiquiatra agregó: los pedófilos buscan permanecer en contacto con menores. Y el juez Alemano siguió: esta característica coincide con la imputada. Una barbaridad, porque coincide con cinco millones de personas más.

Digamos que dispuestos a agregar pruebas, no bastaron las que coincidieran con el protocolo establecido por la ley sino que se argumentaron líneas de opinión francamente insostenibles, lo cual quita seriedad a la tarea del tribunal en un caso de tamaña seriedad.

De hecho, a la hora de solicitar la casación, los defensores de la acusada, Patricia Perelló y Héctor Hugo Galesio, consideraron que debía declararse la nulidad de la audiencia mediante la cual se había recibido declaración a la acusada, ya que durante ese acto se permitió la presencia del particular damnificado, lo cual es jurídicamente irregular: sólo puede asistir el defensor. No solamente eso, también estuvo presente la abogada de una de las víctimas, lo que también constituiría un motivo de nulidad. Agregaron en la petición que, a su criterio, se habían quebrantado las formas esenciales del debido proceso debido a la forma irregular en la que se había realizado la pericia psicológica: se omitieron las entrevistas con los familiares para contextualizar cada situación, en virtud de que serían las mismas familias las que se negaron a ser entrevistadas.

Por todo lo expuesto, consideraron los defensores que los jueces realizaron una valoración arbitraria de la prueba recibida, ya que sólo se contó con la versión de las tenidas como víctimas sin otra constancia que las corroborara.

Las menores efectuaron denuncias una vez que se enteraron del primer caso de abuso, lo cual, a criterio de la defensa, también era un hecho que cuestionaba la veracidad de los dichos: los adultos podrían así haber comenzado a hablar con sus hijas acerca del abuso sexual volcando ansiedad y subjetividad sobre el relato de las niñas, modalidad que también habría podido ser seguida por las psicólogas Malbrán y Moretti. Los relatos de las niñas podrían haber sido interpretados desde la visión de los adultos.

Menos que menos

El Tribunal de Casación, en la voz de sus jueces, afirmó que, por más que se hubiera hecho un esfuerzo en las tareas de revisión y fiscalización del fallo condenatorio, no pudo encontrar algún vicio de absurdidad o arbitrariedad que permitiera cuestionar el pronunciamiento. Los jueces dieron por establecida la credibilidad de los dichos de las niñas, a pesar de todas las objeciones dadas.

Indudablemente, cualquiera quiere que un abusador esté tras las rejas por todo el tiempo que la ley lo indique y lo más rápido posible, pero la falta de delicadeza puesta en juego en este proceso hace que no se pueda dormir en paz. Baste señalar que todo pasó por el tamiz y el vocabulario de la doctrina psicoanalítica, que a veces – sólo a veces- enrarece el ambiente. Quizá alcance para la intranquilidad del lector pensar que una de las voces que condenó tácitamente a Ana fue la de su mismo psiquiatra. López Peralta dijo que ella, deprimida por la muerte de su madre, había ido voluntariamente a la consulta. El diagnóstico del profesional es increíble: la situación hace que Ana ponga la energía libidinal en la escuela. Y todito así. Irresponsablemente así. Sin medir que quienes no fueran profesionales de la psiquiatría iban a hacer una única lectura de la palabra libidinal. En lugar de elegir un sinónimo, lo dijo así. Sólo faltó que encendiera su antorcha a la vista del público.