Desde hace dos años, Elsa Beatriz Castillo no encuentra consuelo. Su hijo Iván Fara Castillo tenía 17 años cuando fue asesinado. Regresaba del gimnasio, en las cercanías de su casa, y un pibe de la zona lo mató con un cuchillo de carnicero de treinta centímetros de hoja, con el que le perforó el pulmón y el corazón.

Los hechos acontecieron el 23 de abril de 2009. Cuando Iván, que hacía fisicoculturismo, vio venir a su agresor –Elías Vera, en aquel momento de 15 años-, se dio cuenta de que traía dos grandes piedras en las manos. Recogió un palo del piso, y trató de defenderse. “Vos sos muy chico para pelear conmigo”, gritó, porque no quería enfrentarlo.

En las inmediaciones de las calles Bolívar y 252 había un grupito de chicos que seguían con atención las amenazas y los gritos. Cuando prestaron declaración -acompañados por sus padres, porque también son menores- todos coincidieron en decir que habían visto la escena, y que en un momento los dos muchachos se habían trenzado en actitud de lucha. Afirmaron que cuando Vera lo tuvo a Iván inmovilizado, le asestó dos puñaladas con un arma blanca de gran porte. La herida importante fue a su pecho, por debajo de la axila. Las hermanas del agresor estaban presentes, y en ese momento una de ellas le gritó: “¿¡qué hiciste!?” Pero inmediatamente le entregó su bicicleta para que se fugara. Vera tuvo tiempo para envainar la cuchilla, que arrojaría luego en las cercanías, y escapar.

Fara Castillo intentó levantarse, caminó unos metros tratando de llegar a su casa, pero se desplomó inconsciente. Los vecinos se agolparon y reclamaron por la llegada de una ambulancia que jamás se presentó. Finalmente apareció la policía, y luego los padres de Iván, alertados por los testigos. Juntos cargaron al chico en el patrullero y corrieron al Hospital Interzonal.

Una primera evaluación médica decía que se recuperaría de las heridas, aunque más tarde la situación se complicó, e Iván murió en la mesa de operaciones al atardecer de ese mismo día. De esa manera, la causa primitivamente caratulada como “lesiones graves” cambiaba a “homicidio”, y quedaba en manos del fuero juvenil debido a la edad del agresor.

La primera noticia fue la inimputabilidad del menor, que no había cumplido aun los 16. La situación enojó gravemente a los vecinos y allegados, que se manifestaron inmediatamente frente a la comisaría 12 para exigir una respuesta por parte de la policía y la justicia. Todos decían tener miedo de las barras de delincuentes que los intimidaban, razón por la que no se atrevían a declarar ante un crimen como este, por temor a una represalia violenta.

Si bien la edad lo liberaba del régimen carcelario común, el autor de la muerte fue alojado en el Instituto Juvenil de Recepción de Batán, por orden de María Fernanda Di Clemente, jueza de garantías del joven, del Tribunal nº 2.

Todos coincidían en decir que Iván era un pibe de trabajo. Hacía dos turnos en el puerto para duplicar su jornal, y luego concurría a la Escuela Media Nº 6, donde cursaba su último año de estudios. No tenía materias previas, y los informes del gabinete de orientación educacional eran más que positivos: un chico con proyectos, ocupado en su mejoramiento físico y sus metas deportivas.

Los comentarios dicen que los otros le tenían encono, porque nunca pero nunca se había dejado robar. Desde allí las versiones se opacan, porque son pocos los que tienen la valentía de enfrentarse con esta banda de jóvenes, que incluye menores y mayores que se defienden entre ellos, y que -según algunos testimonios- estaría vinculada con la venta de paco.

Por otro lado, la señora Castillo ya había denunciado amenazas desde antes de la muerte de su hijo, en la comisaría 12. Pero las actuaciones habían sido archivadas, ya que no había podido entregar la identidad precisa de los sospechosos. Ya los agresores le habían dicho que no molestara: tenía dos hijos que podían sufrir las consecuencias.

Luego, la muerte del hijo la hizo avanzar en un camino de agresiones que ella no esperaba. Aún velaba los restos de Iván cuando en las inmediaciones de la casa velatoria de Gascón y 180, un joven la amenazó: “te vamos a quemar la casa, vieja hija de puta”. Poco después, una mujer a quien ella identificó como Lorena Vera, la hermana del autor de la muerte, la interceptó con su bicicleta y le dijo: “te vamos a abrir la panza como hicimos con tu hijo”. Ella lo denunció, pero otra vez, nadie hizo nada.

Hasta que ingresó un asaltante a su casa en las primeras horas de la mañana, a través de un portón que da al patio, y ella lo enfrentó con dos cuchillos de cocina. Tras el forcejeo logró herirlo en el estómago, y el hombre abandonó su motocicleta frente a la casa. Nadie, ni la policía que recibió la denuncia ni la fiscalía de Marcos Pagella, que debía intervenir, lo hizo. La segunda entrada fue más certera: Elsa Castillo terminó tirada en su patio y agredida a patadas por un joven embozado a quien no identificó.

Se agregó una testigo de identidad reservada, que dijo haber visto que, en realidad, una de las hermanas de Vera sostenía a Iván mientras él lo apuñalaba. Aseguró también que Elías se juntaba con un grupo que consumía drogas en la esquina; los otros integrantes eran un menor de 11, Albornoz, y un tal “Jeji” Motura.

Liberado

Hoy Elsa Castillo debe volver a buscar un espacio donde denunciar los hechos que le siguen quitando la tranquilidad y el descanso. El asesino de su hijo ha recobrado la libertad, ella supone que hace unos tres meses. Pasa por delante de su casa en moto, y ella se aterra. Tiene otra hija de diez años, a quien ha cambiado de colegio, porque era amedrentada por las hermanas de Vera. Madre e hija solamente salen de su casa en remís. “No puede ser que yo esté presa en mi propia casa”, lamenta, y tiene razón.

Las razones por las cuales Vera está libre no resultan claras. Tiene hoy 17 años, y hubo testigos suficientes del crimen que cometió. Pero la señora Castillo carece de recursos y desconoce ante quien debe apelar. “Ningún abogado de Mar del Plata quiere llevar adelante mi apelación”, señala, y que le dijeron que tres testigos no alcanzaban, seguramente para conformarla.

Ella fue a hablar con la jueza Di Clemente, que había intervenido en los hechos, y afirma que la atendió como de favor. Le dijo que no podía hacer nada más. Que las cosas ya no estaban en sus manos. ¿En manos de quién, entonces, si no se ha dado intervención a una instancia superior? Lo cierto es que las últimas intervenciones públicas de la jueza Di Clemente hacen pensar que ella se preocupa únicamente por los derechos de unos menores y no de todos.

En el pasado mes de julio se expidió sobre los hechos acaecidos en la comisaría 5ª de esta ciudad, donde dio por probado que en varias situaciones los efectivos de esa seccional habrían cometido delitos de acción pública, toda vez que efectuaban detenciones injustificadas de menores en la vía pública, y que, en lugar de proceder a identificarlos y devolverlos a sus padres, los retenían más de doce horas, los golpeaban y sometían a tratos denigrantes, hasta que finalmente les tomaban fotografías a todos con una máquina digital para incluirlas en sus registros.

Con todas las letras

Para sostener su dictamen, la jueza recurrió a las declaraciones de los menores Alberto Luis Balbuena, Marcelo Gabriel Argoitía, José Alberto Paz, Maximiliano Martínez, Anselmo Farías, Kevin Apesteguia, Franco Emanuel Domínguez, Matías Ezequiel Glock, José Ángel Pérez, Jonatan Villalba, Emir Villagrán y Matías Morales. Y los nombró con todas las letras. Todos ellos fueron detenidos en la vía pública, enviados a la seccional quinta sin que se pudiese determinar la causa de su detención, interrogados con golpes e insultos, y en algunos casos sometidos a tormentos. A todos y cada uno se les tomaron fotografías de frente y perfil.

Los datos se incluyen en un cuaderno manuscrito forrado de papel araña azul y las fotos se conservan en los archivos. Todo fue verificado en el allanamiento de la comisaría ordenado por la jueza.

Ahora bien. En pleno siglo XXI, cuando media ciudad viaja a visitar Tecnópolis, ¿no es posible que la policía local encuentre algún modo de precisar quiénes son los verdaderos jóvenes involucrados en el delito, que no san los golpes y las torturas? ¿No hay otro modo de identificación más rápido que las doce horas esposado en la cocina? ¿Hay alguna manera de aclarar rápidamente cuál de ellos tiene orden de captura o antecedentes criminales? Como para separar los que están vendiendo paco de los que iban a jugar a la PlayStation a lo de un amigo. ¿No hay? El resultado es el desorden que mezcla a todos los gatos en la misma bolsa, y no hay un juez de menores que pueda separar la paja del trigo.

Lo cierto es que ni todos los menores son inocentes incapaces de involucrarse en un ilícito, ni todos culpables por portación de edad y de número de documento alto. Tampoco es cierto que todos sean meros ladrones de estéreo de coche, es decir perejiles. Ni todos asesinos crueles y despiadados, como si hubiera una epidemia que se cura a trompadas.

La jueza procede teorizando acerca de cuáles son las razones sociológicas que hacen que los policías les peguen a los pibes que detienen. Pero esta preocupación debe trasladarse a todos los chicos de la ciudad, a los detenidos y a los asesinados. A los que son perseguidos y golpeados en un calabozo, y a los que no pueden circular en bicicleta. A todos.

De lo contrario, la sociedad seguirá diciendo lo mismo que suena en cada calle de la ciudad: que los únicos que tienen derechos son los que delinquen. Y aunque no sea cierto, la justicia es quien debe aclarar los términos para que la paja se separe de una vez del trigo. Para que chicos no sean agredidos en las calles por policías que están para cuidarlos, pero también para que los menores que delinquen y son una amenaza, estén convenientemente identificados y penalizados, sin necesidad de palizas ni de cuaderno azul. Porque no es suficiente con ocuparse de los asuntos que convierten a los funcionarios judiciales en héroes de la prensa: los menores pobres son anónimos y los matan otros menores en cualquier esquina.