Acompañado por la subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos Sociales, Ana Calafat, el ministro señaló que “hemos desarrollado una estrategia integral que supone principalmente el alineamiento con las leyes que giran en la protección integral de los niños adolescentes y a los adolescentes en conflicto con la Ley”.

Agregó que “hay más de un sujeto vinculado a la cuestión: la sociedad interesada en los problemas relacionados a la seguridad por un lado y la de las familias muchas veces victimas de la exclusión social que generan situaciones de riesgo en las comunidades. Por ello, los niños y adolescentes no son sujetos aislados, sino fuertemente vinculados a preocupaciones que tiene la comunidad en general”.

Remarcó que “estamos tomando decisiones para ponernos claramente en línea con las Comisiones Internacionales que regulan el estado respecto de niños y adolescentes, y particularmente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adultos y Familia (SENAF) con la que estamos llevando adelante procesos de capacitación”.

En tanto, el funcionario se refirió a la situación de los trabajadores de las instituciones y señaló que “hasta el momento venían pasando por situaciones de absoluta precariedad, que por mas de 30 años fueron parte de este lastre de precariedad neoliberal que hemos tenido en la Provincia y que el Gobierno de Alberto Weretilneck se empeñó en ir corrigiendo”.

Expresó que “estamos haciendo acuerdos muy puntuales con los sindicatos que los agrupan y con los cuerpos de delegados que forman parte de esas instituciones con los cuales dialogando permanentemente arrimando compromisos puntuales y concretos”.

“Este gobierno ha decidido que es un escándalo que haya trabajadores precarios como los que ha tenido este Ministerio. Un escándalo que estamos decididos a remediar” sentenció.

“Estamos en el proceso, y hemos desarrollado varias reuniones con los sindicatos, que luego la Función Pública aprobará las decisiones que estamos tomando en este ámbito, para en el menor plazo posible pasar a los trabajadores becados a planta”, indicó.

Por su parte, Calafat sostuvo que “hay instituciones a las que era necesarios recomponerlas en sus relaciones internas entre trabajadores y los jóvenes”.

Expresó que “muchos de los adolescentes que están en estas instituciones no están estudiando y esto nos aflige profundamente porque debería haberse garantizado siempre un derechos a la educación”.

“Tampoco se está haciendo un fuerte trabajo, en el caso de los jóvenes en conflicto con la ley, para que asuman la responsabilidad por los hechos que produjeron. Esta es la primera tarea para que ellos mismos vayan modificando sus conductas y a partir de eso poder trabajar junto con la comunidad en un cambio que nos obliga a todos a reconstruir vínculos que lamentablemente por distintos hechos que se habían roto”, manifestó.