“El hospital público es un prestador obligado de la seguridad social y por distintas circunstancias afiliados del ISJ y de diferentes obras sociales se atienden en el hospital público, por lo que a éstas entidades les corresponde pagar esas prestaciones”, comentó.

“Hemos avanzado con el Ministerio de Salud en la decisión de implementar próximamente un convenio modulado similar al que tiene el organismo con el resto de los prestadores del sector privado, aunque con algunas diferencias, puesto que el hospital tiene una estructura diferente al del sector privado, donde el ingreso de las obras sociales es el que soporta el pago de los salarios. En este caso, el gasto está a cargo del Estado”.

“En la matriz del convenio, lo atinente a los módulos y las prestaciones será igual que para el privado, pero se establecerá un valor hospitalario que será ligeramente inferior a lo que se paga en una clínica o sanatorio. El sistema facilitará el sistema de facturación en los hospitales”.

“El ISJ le ofreció al Ministerio de Salud personal que instale el sistema de facturación y capacite al personal de los hospitales para evitar los problemas propios de un sistema engorroso como el existente con anterioridad, porque generaba muchos problemas de trabajo, de auditoria, de débito y de control de facturación. Esto va a simplificar mucho las cosas”.

“Se complementará esta iniciativa con otro convenio que tenía el ISJ suscripto el año pasado con el Ministerio de Salud y que tiene vinculación con los centros de atención periférica, que no tienen infraestructura suficiente para facturar las prestaciones y por lo tanto, establecimos con el titular de esa cartera un canon mensual fijo, que pretende hacer un reconocimiento del pago de las prestaciones que reciben nuestros afiliados en los puntos más alejados a través de los puestos de salud o los hospitales zonales”.

“Estimó que este nuevo sistema de facturación se estará instalando en el mes de agosto, para que a partir que los hospitales empiecen a facturar por las prestaciones brindadas”.

“Esta actitud de tratar al sector público en forma igualitaria respecto al sector privado lleva aparejado la necesidad de eficientizar la función en el sector estatal. Las obras sociales no pueden subsidiar la ineficiencia, porque sería desperdiciar la posibilidad de recursos para dar más servicios”.

“Pensamos que esta modalidad va a contribuir al reordenamiento interno de los hospitales, para que las prestaciones que se dan sean además eficientes, evitando de ese modo los pacientes internados por más tiempo del que realmente corresponde o la demora en las prestaciones. Pretendemos que este sistema sea una herramienta de cambio y de financiamiento de los hospitales públicos, “porque es lógico que cobren el servicio prestado”.

Con respecto a los profesionales médicos que se desempeñaban como auditores y que, a raíz de la rescisión de sus contratos y que dejaron de cumplir sus funciones, Palumbo aclaró que son profesionales que no fueron designados por la gestión actual y que el problema se originó en una aparente situación de incompatibilidad que determina el artículo 64 de la Constitución de la Provincia, que indica que los empleados públicos no pueden ser proveedores del Estado”.

“En esto hay diferencias conceptuales desde el punto de vista legal, puesto que, de encuadrarse esta situación en esa figura, el resto de los médicos que trabajan en el sector público estarían en la misma condición, porque en su mayoría también son prestadores del Instituto de Seguros”.

“La diferencia es que en vez de prestar un servicio de auditoría, brindar una servicio de cirugía o atienden a afiliados del ISJ en sus consultorios privados”.

“Este tema se está analizando y hasta tanto sea aclarado, la obra social provincial resolvió suspender esos contratos, pero no se trata de ninguna manera a un disconformismo por el trabajo que venían realizando, por el contrario nuestra gestión está sumamente agradecido a estos profesionales que asumieron un compromiso enorme con el Instituto”.

“Esperamos solucionar esto en el corto plazo, para volver a funcionar como lo veníamos haciendo. Hoy como está la obra social es fundamental el sistema de control. Lo que se avanzó en estos cuatro o cinco años, en ordenar financieramente y las prestaciones del ISJ, fue en base al establecimiento de sistema de control, que permiten que los desvíos sean cada vez menores”.

“El liberar la auditoria, es decir no tener controles, no es un paso para adelante. Tenemos igualmente un plan de contingencia y para ello hemos pedido colaboración a los profesionales que quedan y redistribuimos algunas tareas de auditoria apuntando a aquellas que necesariamente deben ser controladas, pero obviamente no se puede reemplazar la carga laboral de veinte personas que dejaron de trabajar”, finalizó.