Son varias las aristas que se repiten a lo largo del tiempo. Fiel alumno, atento, Marcelo Bisogni (entonces concejal del PJ) y sus funcionarios de mayor confianza (jóvenes abogados como Marcelo Fernández Rousseau, recién ingresado a la función pública) parecen haber seguido de cerca el cuestionado proceso de remodelación de la Plaza Ramírez que puso en marcha el ex intendente Luis Enrique Bermúdez en 1997. Y parece que aprendieron bastante.

El intento de estafa

Corría el año 1997 cuando el cuestionado intendente Luis Bermúdez (desgastado por la férrea campaña en su contra del diario La Calle) lanzó la idea de remodelar la Plaza Ramírez y “poner en valor” el histórico paseo público de la ciudad. Sin embargo, al igual que en el caso de la Nueva Terminal, el proceso venía asociado a una intrincada propuesta de ceder el cobro del Estacionamiento Medido a una empresa privada nada menos que por 10 años.

Así consta en el Decreto Nº 14.956 del 28 de agosto de 1997 donde se lanza el llamado a licitación pública, hecho a medida de uno de los oferentes, para concesionar el estacionamiento medido por un plazo de 10 años a cambio de la remodelación de la Plaza a cargo de la empresa que resultara concesionaria.

De la Plaza a la Terminal

Cuando se repasa el caso, las similitudes con el proceso de licitación de la nueva Terminal son enormes: un empresario privado que explotaba por un plazo muy extenso un negocio seguro (cobrar estacionamiento en una amplia zona que iba desde el cementerio hasta la Escuela Normal) a cambio de invertir unos pocos miles de pesos en la remodelación de la Plaza. En el primer año del “canje” propuesto se recuperaba la inversión, y los restantes nueve años quedaban de ganancia neta para los empresarios en un negocio que demanda inversión cero.

La propuesta que elaboró la gestión Bisogni bajo la pluma de Marcelo Fernández Rousseau sigue el mismo camino: promover el canje de la nueva Terminal, una obra de bajo costo (unos $3 millones) a cambio de la propiedad de un edificio como la Terminal actual que vale entre 5 y 7 veces más ($15 a $20 millones). Por si el beneficio no fuera suficiente, le cede la explotación por 50 años del Mercado Municipal a un costo ínfimo de $12.000 por mes que los empresarios cubrirán con creces con los alquileres de los locales comerciales que actualmente funcionan en el exterior del Mercado.

El mecanismo propuesto es idéntico: una obra sin costo para el Municipio a cambio de un negocio altamente rentable con la explotación de bienes y espacios públicos para empresarios privados.

Aprender de los errores

Sin embargo, la firme oposición pública que tuvo la iniciativa para remodelar la Plaza Ramírez bajo esta extraña modalidad de “canje” hicieron fracasar la licitación que lanzó el Gobierno Municipal en aquel entonces. La Gestión del Intendente Bermúdez debió cubrir el valor de la remodelación de la Plaza y pagar el costo político por el gasto excesivo para aquellos complicados días donde los fondos escaseaban y los empleados cobraban con dificultad.

Con esta experiencia sobre sus espaldas, el tándem Bisogni-Fernández Rousseau delineó un plan similar para el caso de la Nueva Terminal, perfeccionando algunos elementos jurídicos y garantizando de antemano la participación de empresarios interesados en el “canje”. Así apareció Miguel Marizza como el promotor de la idea y fueron pocos los que repararon en la similitud de los casos que hoy refleja este informe.

En la primera ocasión, las manifestaciones ciudadanas pudieron más y desalentaron el avance de la propuesta. Hoy, en cambio, la quietud de los uruguayenses ha permitido que la iniciativa prospere y esté cercana a concretarse.

El Estacionamiento Medido no debe cobrarse

Fue en los primeros días de 1976 cuando el entonces intendente Giqueaux puso en vigencia el Decreto Nº 5623 que establecía un plazo de tiempo para el Estacionamiento durante el Verano, sancionando a quienes incurrieran en el abuso de ese plazo. En los años siguientes, el radio en el que regía la medida fue ampliado en dos oportunidades por medio de los decretos 5875 y 5909.

Fue ya tras la recuperación democrática que la gestión del Intendente Godoy dispuso en 1987 la puesta en práctica de un proyecto “experimental” de Estacionamiento Medido que disponía el cobro de $ 0,30 Australes por hora. Esta medida fue ratificada por el siguiente mandato de Carlos María Scelzi a través del decreto 9900 del año 1988 elevando el cobro a $ 0,50 Australes.

A pesar de estas resoluciones administrativas, como bien advierte el reconocido tratado de Derecho Administrativo de Marienhoff, en nuestro precepto constitucional la libertad de transitar presupone la libertad para estacionar de forma “momentánea o accidental”, aclara.

Esto delata que el sistema actual está “mal aplicado”: por un lado porque no obtiene el resultado esperado ya que el cobro no produce la rotación de vehículos esperada. Pero a su vez, porque el criterio a seguir debe contemplar un plazo "razonable" para estacionar de forma gratuita, ya que la libertad de circular presupone la libertad de estacionar. Quien abuse de esa libertad y permanezca varias horas o más de lo que se considere un plazo razonable, deberá afrontar el pago de una multa que ya no será de $3 sino de un monto mucho mayor. De este modo, la rotación estará garantizada por el buen uso de un derecho y la voluntad para evitar un “castigo”.