Los sueldos públicos de abril se cancelan normalmente pero un alto porcentaje no cobran los adicionales por funciones. Esta reducción responde a la revisión que dispuso el gobierno provincial para esos pagos.

Hasta marzo, unos 3.000 agentes cobraban adicionales por funciones, con montos de hasta 1.000 pesos, pero a partir de abril, ese reconocimiento se reformuló y en principio sólo se abonó a un bajo porcentaje de empleados.

Ayer, el secretario de la Función Pública, Sandro Chaina, defendió esa revisión para saber "si le corresponde a quién se le paga por funciones", aunque aceptó que este trabajo puede demorarse uno o dos meses, pues requiere el pedido del titular de cada área.

Por su parte, UPCN salió a fustigar a Chaina porque aplicó un decreto en forma "personal y autoritaria".

Todo empezó con el decreto N° 304, formalizado el 22 de marzo por el gobernador Alberto Weretilneck.

Esta norma se orientó al objetivo "primordial de transparentar el empleo público", poniendo en evaluación a los adicionales por "funciones" que a partir de ahora, se transforman y se denominan de coordinación, con tres categorías de 1.000 a 4.000 pesos.

Su continuidad en los haberes de abril exigía la ratificación de parte de cada titular de organismo. Ese trámite se remitía a la Función Pública. Según algunas fuentes, Chaina observó también ciertos listados propuestos.

Ayer, Chaina expresó a "Río Negro" que depende de la solicitud del área, aunque admitió que "muy pocos" fueron liquidados en abril, aceptando que se le pagará en forma retroactiva si así lo certifica el ministro correspondiente.

El impacto en los salarios se detectó rápidamente en los agentes afectados que ya cobraron sus últimas remuneraciones. Un adicional de 1.000 pesos suspendido en un haber neto de 5.000 pesos significa una baja del 20 por ciento.

Ese malestar se tradujo en una nota de UPCN -que conduce Juan Carlos Scalesi- a Chaina para expresar su "rechazo a la aplicación en forma personal y autoritaria del Decreto 304/12, desconociendo la ley 3.052 que crea el Consejo Provincial de la Función Pública". Consigna que el Consejo está habilitado para "proponer al Poder Ejecutivo las modificaciones a la política salarial vigente".

La misiva agrega que "esa medida unilateral no tiene antecedentes" y que disminuye los salarios "de todos aquellos traba- jadores que con cierto grado de responsabilidad son el motor de la función pública".

El funcionario desestimó que el Consejo tenga la incumbencia aludida por el gremio porque la revisión de los adicionales "no se trata de una política salarial". Agregó que no puede "desconocer un decreto del gobernador" y que "el gobierno es quien tiene la determinación ya que UPCN asigna facultades al Consejo que no tiene, pues sólo puede proponer".