El Gobierno iniciaría trámites para retirar la propiedad a quien deba más de 12 meses si se aprueba una ley.
El titular del IPV, Sergio Zorpudes, habló ayer de la mora entre las 41.500 familias que están comprando en cuotas accesibles inmuebles construidos por el Gobierno de la Provincia.
Del 40 por ciento que tiene retrasos, el 35 por ciento debe más de 12 cuotas y el 5 por ciento una cantidad inferior, de acuerdo a los registros oficiales.
Zorpudes detalló que actualmente se pueden comenzar las gestiones para retirar la adjudicación de una vivienda después de 5 meses de deuda.
Sin embargo, el funcionario explicó que el organismo contempla la posibilidad de que los propietarios hagan descargos para que se reconsidere su situación.
“Esta es una institución de carácter social y, para nosotros, es un gran problema desalojar a una familia. Lo que se debe entender es que la cuota tiene un carácter solidario porque permite beneficiar a otros”, explicó Zorpudes.
La Cámara de Diputados aprobó el martes un proyecto de ley que intenta regular las políticas orientadas a las necesidades habitacionales.
La iniciativa en principio establecía que se podía “desadjudicar” una propiedad tras cinco meses sin pago, pero se terminó fijando un plazo de 12 meses de mora.
Además, por propuesta de la diputada Irene Soler, se introdujo una cláusula que especifica que el IPV sigue teniendo la facultad de ofrecer una refinanciación a los que superen el año sin abonar.
“Hacía falta una consideración porque mucha gente podía estar en riesgo de perder su casa cuando la norma entrara en vigencia”, dijo Soler a El Tribuno.
El porcentaje de adjudicatarios que no logra mantenerse al día puede interpretarse como el reflejo de una realidad económica y social complicada.
En Salta, más del 50 por ciento de los empleados privados de 40 años o más cobra por debajo del salario mínimo, de acuerdo a un informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la UNSa.
La provincia tiene el 11,7 por ciento de desocupación, indicador que supera al 7,4 por ciento de promedio que se registra en el país, según indican las últimas mediciones del Indec.
Las cuotas de las casas del IPV van desde los 40 pesos mensuales en los barrios más viejos, que se están terminando de pagar, hasta los 1.200 pesos.
Las viviendas que construye el Gobierno se compran en montos accesibles y deben resolver el problema de las familias que no pueden tener un techo de otra forma.
En 2008 el Gobierno de la Provincia declaró la emergencia habitacional por la cantidad de población sin techo.
El proyecto que aprobaron los diputados el martes pasó en revisión a la Cámara de Senadores.
Un cuestionamiento por la calidad de las construcciones
La diputada del Partido Conservador Popular, Irene Soler, criticó que el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) haga casas diferentes “de acuerdo a la capacidad de pago del beneficiario”.
“Sabemos que en el interior hay unidades de PVC y telgopor revestido. En la Capital son de material y cuentan con servicios. El Estado no puede consolidar las diferencias sociales de esta manera”, reclamó Soler en diálogo con El Tribuno.
La diputada explicó que apoyó el proyecto sobre políticas de vivienda que se aprobó el martes en la Cámara de Diputados porque se necesitaba un marco regulatorio. Sin embargo, lamentó que no se haya podido considerar la calidad de los inmuebles.
“Quedamos a mitad de camino... No hay ciudadanos de primera y de segunda clase en función de su capacidad económica”, dijo la legisladora.
Sergio Zorpudes, titular del IPV, informó ayer que el precio de una casa de las que entrega el organismo puede promediar los 200.000 pesos.
Habitar, una obligación
La iniciativa que debatieron el martes los diputados establece que el adjudicatario tiene la obligación de ocupar la vivienda que le entregó el Estado dentro de un plazo máximo de 30 días. De lo contrario, se podrá interpretar que no la necesita y eso podría ser una causal de revocación.
El propietario tiene prohibido “transferir, ceder o arrendar por cualquier título, gratuito u oneroso, el inmueble”.
También se podrá retirar la propiedad si el beneficiario falseó datos importantes antes de que se la concedan.
El proyecto dice además que el Gobierno deberá implementar planes para erradicar las “viviendas rancho”, es decir, aquellas que signifiquen un peligro para la salud de sus habitantes por su precariedad.
También se establecen cupos de casas que deberán entregarse a discapacitados, padres con más de 4 hijos, matrimonios jóvenes, jubilados y familias que esperan hace más de 10 años. Además, se incluyen planes para comunidades aborígenes.
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