Giacomino encomendó a un particular la presentación de apelaciones ante la Corte, pese a que en Asesoría Letrada hay unos 40 profesionales.
Tal como detallaron el pasado martes ante el Concejo Deliberante altos funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, la gestión de Daniel Giacomino presentó sendos recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para apelar las sentencias que el Tribunal Superior (TSJ) dictó a fines de 2009 en favor de las empresas de transporte Coniferal y Ciudad de Córdoba, que reclaman por diferencias tarifarias desde 2005 en adelante. El TSJ debe expresar ahora si concede o no el recurso; si la respuesta es negativa, al municipio le quedará la vía del recurso directo ante la Corte.
Lo llamativo es que para la "redacción, presentación y seguimiento de la tramitación" de los mencionados recursos extraordinarios, la Asesoría Letrada municipal contrató, mediante la modalidad de locación de obra, un patrocinio legal externo a la administración por un monto de 50 mil pesos.
La tarea se encomendó al estudio del reconocido abogado Luis Zarazaga y si bien los trabajos ya fueron realizados en su parte medular, desde el municipio se indicó que -varios meses después- todavía no está completo el trámite administrativo para formalizar el pago correspondiente.
La contratación de Zarazaga se dio pese a que en la propia Asesoría Letrada municipal revistan casi 40 abogados, de los cuales más de 30 se desempeñan en el área de juicios, y con amplia prevalencia de litigios de índole civil y laboral. "En cantidad y calidad, acá hay personal capacitado para defender los intereses del municipio", advirtió un empleado municipal.
El contrato de locación de obra fue suscripto el pasado 12 de enero y en su redacción deja previsto que, en caso de que al municipio le denieguen el recurso extraordinario, el propio Zarazaga deberá redactar también los recursos directos ante la Corte.
El acuerdo también expresa que los honorarios le serán liquidados "dentro de los 30 días de obtenida la visación del Tribunal de Cuentas y presentados los recursos".
En este punto hay una disparidad cronológica, ya que si bien los recursos ya fueron presentados a principios de año, el expediente llegó recién ahora al Tribunal de Cuentas. De hecho, el decreto que valida la contratación, con la firma de Giacomino y los secretarios Gabriel Bermúdez (Economía) y Walter Arriola (Gobierno), data del 31 de mayo pasado y autoriza a la Dirección de Auditoría a emitir orden de pago anticipada por 50 mil pesos, con afectación presupuestaria en el rubro: "Honorios y Retribución a Terceros".
Ante una consulta de este medio, el asesor letrado Carlos Varas indicó que se optó por requerir un asesoramiento externo dada la "enorme importancia económica" del tema en discusión y para procurar una mejor actuación técnica en el litigio.
Vale recordar que algunas estimaciones señalan que si el reclamo de las empresas Coniferal y Ciudad de Córdoba por la tarifa prospera, a la larga el municipio se podría ver obligado a pagar cifras siderales, que según las empresas llegarían a 100 millones de pesos.
La práctica de contratar asesoramiento legal externo no es moneda corriente en el municipio, aunque sí se registró en varios juicios de magnitud. Fue el caso del reciente litigio de choferes contra la Tamse, oportunidad en la que se contrató al laboralista Jorge Sappia. También hubo asesorías externas -durante anteriores gestiones- en juicios con la Afip y la Caja de Jubilaciones.
Varas también invocó razones técnicas para avalar la participación de Zarazaga. Dijo que desde hace un par de años, la Corte ha ajustado al máximo las exigencias formales y de fondo para la admisión de recursos, al punto de que últimamente ha rechazado muchas presentaciones in limite .
"Preferimos no correr ese riesgo y tener un buen asesoramiento", insitió el funcionario, en un argumento cuanto menos discutible.
Los fallos del TSJ en favor de Coniferal y Ciudad de Córdoba se conocieron a fines de diciembre pasado, por lo cual en los primeros meses de este año la Municipalidad presentó su recurso ante la Corte. "Fue en el verano, cuando había muchos funcionarios de vacaciones. Nos reunimos los que estábamos, analizamos la situación y decidimos que lo más conveniente era contratar un patrocinante", indicó Varas.

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