El grupo ya publicó tres cartas críticas ante la inacción oficial.Aseguran que a los chicos, además, les venden alcohol y drogas.La idea de un comité comunitario de seguridad generó esperanza.
Los padres, vecinos y referentes de organizaciones sociales que se reunieron el jueves con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social rionegrino e integrantes del "comité de seguridad comunitaria" recibieron con moderado optimismo el compromiso de extender esa estructura a los barrios para actuar en forma directa sobre los problemas denunciados.
El grupo ya publicó tres cartas abiertas denunciando la inacción de las autoridades y su eventual participación en la venta de drogas y armas a los menores de los barrios altos, que merecieron la adhesión de reconocidas personalidades como Adolfo Pérez Esquivel y Osvaldo Bayer. Pero no obtuvieron respuesta de los responsables políticos a los que iban dirigidos los reclamos.
En el encuentro realizado en la escuela Don Bosco, de El Frutillar, los padres y dirigentes sociales advirtieron a los funcionarios provinciales presentes que el incremento en la circulación de armas es alarmante y que potencia los riesgos de muerte en cualquier pelea barrial.
"Por $300 se puede comprar un arma en cualquier esquina del Alto, cada vez hay más gente armada, sobre todo menores, y no hay acciones concretas para tratar de solucionarlo" explicó a "Río Negro" el docente Fernando Fernández que acompaña a los padres en su reclamo.
El grupo mantiene una actitud escéptica frente a los anuncios de soluciones que no se concretan, aunque en esta oportunidad recibieron con cierta "esperanza" la propuesta articulada por Desarrollo Social con la asistencia de técnicos del orden nacional.
El proyecto prevé que el "comité de seguridad comunitaria" forme grupos de vecinos y organizaciones en los distintos barrios que tomarían acciones directas, preventivas, frente a situaciones de riesgo o canalizarían las denuncias de hechos delictivos a través de comité para evitar que los damnificados tengan que recurrir a las comisarías en casos de tráfico de armas y drogas u otros hechos.
Estos grupos terminarían ejerciendo un control social sobre los mandos medios de las fuerzas de seguridad, sospechados de tener alguna participación en los conflictos.
Fernández explicó que "la idea es hacer una especie de comité de crisis que intervendría por arriba de las fuerzas policiales, ejerciendo una especie de control social, porque el gran problema es que las fuerzas de seguridad muchas veces están presentes negativamente en estos problemas".
En las tres cartas abiertas, difundidas bajo el lema "no se metan más con nuestros hijos", los integrantes del grupo advertían que "no vamos a ponernos en un lugar de riesgo, y muchísimo menos a nuestros hijos, yendo a declarar a la misma policía que está cuestionada y mucho menos con los casos de jóvenes asesinados por la espalda, suicidados en celdas, o acosados y golpeados por la fuerza policial".
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