Neuquén > Los paros de los últimos meses, ya sea de los docentes o de los auxiliares de servicio, afectaron en distinta medida a las escuelas de la provincia, pero en grupo de aproximadamente 60 establecimientos, en lugar de contar el tiempo del paro se cuenta el que se dedicó al dictado de clases: no más de 45 días en el año. El número surge de las presentaciones de padres y alumnos que recibió la Defensoría del Pueblo de la ciudad desde que se inició el conflicto entre los gremios y el Gobierno.

El titular del organismo, Ricardo Riva, se reunió ayer con un grupo de padres y alumnos del CPEM 49 de Valentina Sur, una de las escuelas que está más próxima a perder el año. Días atrás, el mismo grupo advirtió sobre los problemas que generó el paro de los auxiliares de servicio agremiados a ATE y planteó la posibilidad de ir a la Justicia para encontrar una solución.

Ayer, con el respaldo de la Defensoría y de otras escuelas, pidieron al Ministerio de Trabajo de la Nación que intervenga en el conflicto. “Sería razonable instrumentar mecanismos que favorezcan el equilibrio en el goce de las libertades involucradas: el derecho a huelga y el derecho a la educación”, indicó Riva.

La propuesta consistiría en garantizar un régimen de prestaciones mínimas en la educación.

El camino está contemplado en la ley nacional y establece que si las medidas de fuerza afectan servicios esenciales, se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.

Servicio esencial

No es la primera vez que en la provincia se plantea esta alternativa. En mayo de 2010, el gobierno provincial declaró la educación como un servicio esencial y, días después, un diputado aliado presentó un proyecto de ley para respaldar esa idea. El repudio de los gremios fue inmediato, ya que interpretaron la medida como un intento por regular el derecho a huelga.

El marco del decreto y de la propuesta legislativa fue un paro de docentes de más de 40 días. Finalmente, los diputados desistieron de acompañar esa ley y sí aprobaron otra para declarar, por un año, la emergencia educativa en la provincia. Se determinó un sistema para recuperar contenidos, pero más importante, la creación de un fondo de $50 millones de pesos para refaccionar escuelas. Un año más tarde, el entonces secretario del área, Ernesto Seguel, tuvo que dar explicaciones ante los diputados sobre el uso de ese dinero y afirmó, sin mayores detalles, que se había destinado a obras.