La situación, desde hace tiempo, no da para más. Todos lo saben y la mayoría lo reconoce. Ni para el gremio, ni para los empresarios, ni para los trabajadores de la pesca es negocio que el puerto de Mar del Plata siga paralizado. Es que si los barcos no salen, los acuerdos económicos se caen, los ingresos familiares se diluyen y las fuerzas sindicales entran en jaque. Por eso que a casi un mes del paro de actividades en la estación marítima local, algunos acuerdos informales entre pescadores y empresas comienzan a habilitar la zarpada de buques y progresivamente el destrabe final del conflicto en los muelles de la ciudad.

Pero a diferencia de lo que se esperaba (las Cámaras y el Simape en ronda de negociación), el principio de acuerdo llegó de la mano de algunos pactos firmados hacia el interior de cada empresa.

Es decir: los empleados aceptan rubricar el acuerdo suscripto por el Somu (22% desdoblado), que es el único homologado y autorizado por el Ministerio de Trabajo de Nación, a cambio de que las empresas se comprometan a otorgar el incremento en una sola cuota y retroactivo a abril.

Así es que este jueves en la noche habría zarpado, con siete tripulantes a bordo, el buque “Araucania”, que si atravesó el canal secundario del puerto, como estaba previsto, inauguró lo que algunos entienden como “la forma más conveniente de destrabar el conflicto ante tan desgastante situación”. Bajo esta misma modalidad, este viernes partirían de los muelles unas cinco embarcaciones más.

Gabriel Quercia, presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), confirmó que varias empresas están accediendo a esta metodología de acuerdo. “Institucionalmente no podemos decir nada. Esa decisión, como la de las intimaciones, es privativa de cada firma. Pero es real que está sucediendo”, confió el dirigente, que aclaró que el rol de la Cámara “es el de acompañar las definiciones de las socias y en todo caso suscribir, como se hizo con el Somu, las pautas mínimas de acuerdo salarial”. “Nada más”, completó.

A su turno, el secretario adjunto del Sindicato Marítimo de Pescadores, Pablo Trueba, aclaró que los pactos internos no implican una suma o plus económico en negro, sino una redefinición de los modos de pago de ese 22%.

“Como gremio, no podemos firmar otro convenio que el del Somu. Nación, pese a los intentos, no lo autoriza. Entonces, dada la situación, muchas empresas optan por pagar el monto del aumento, pero de una manera que satisfaga a los tripulantes. Así pueden volver a navegar”, razonó el segundo de Juan Domingo Novero.

La adopción de estos convenios de palabra convertirá a la sede del Simape en la pasarela de las relaciones de dependencia portuaria. Sucede que el acta de Somu debe de ser suscripta por el gremio, necesariamente.

“Nosotros avalamos los acuerdos que hagan los compañeros. Lo que sí aclaramos es que si no se cumplen esos pactos, el paro vuelve”, advirtió Trueba, que aunque no halagó el modo de solución del conflicto, sí reconoció que el paro “era insostenible desde todo punto de vista” y que en consecuencia, era “necesario algún tipo de salida”. “Por eso tenemos que aceptar las herramientas formales y las informales”, completó.

El convenio suscrito por el Somu establece un 22% de aumento a pagar en dos veces: un 11% en abril y un 11% en octubre. El pacto con las empresas que acepten la propuesta de los afiliados del Simape permitirá que los trabajadores cobren el 22% de una, aunque recién en octubre vayan a verlo incorporado a su sueldo básico.

IMPOSIBILIDAD JUDICIAL

El Ministerio de Trabajo de Nación, desde que se inició el conflicto portuario, lo dejó en claro: el Simape no podrá firmar más que un convenio espejo al del Somu porque no está en condiciones legales de hacerlo.

La medida cautelar, interpuesta en diciembre de 2011 por el gremio de Omar Suárez, imposibilita al sindicato de Novero a discutir paritarias a solas, al menos por el momento.

Pese a la búsqueda de alternativas, el Simape debió conformarse con la objetividad de la situación: la Justicia no le permite ser paritario.

El problema de fondo, como quedó a la vista, es la representación gremial de los marineros, que para el Simape entró en crisis cuando en 2006 rompió un pacto con el Somu.

En ese acuerdo se establecía que, ante la conseguida inscripción gremial del Simape en 2005, los sindicatos negociarían siempre en conjunto. Según Suárez, Novero “se cortó solo y firmó por su parte”. Así que el dirigente nacional denunciara judicialmente, en junio de 2007, la ruptura del convenio.

En este contexto, la sala 2 de la Justicia de Trabajo de la Nación falló a favor del Somu, pero el Simape apeló de inmediato y logró que la Corte suspendiera, hasta dictaminar, la medida favorable a Suárez; no le habría quitado, según Pablo Trueba, ninguna representación a Novero.

Sin embargo, el líder nacional cargó tintas y volvió a atacar. Lo hizo con una medida cautelar en diciembre de 2011, que puso en jaque el reconocimiento del Simape como representante legal de los derechos de los pescadores.

“Es decir, el Simape no está en condiciones de firmar acuerdos salariales como institución gremial. Por eso que acá no hay falta de voluntad, ni de intenciones de diálogo, ni negaciones caprichosas a no acordar con determinado sindicato. El Ministerio de Trabajo accedió, pese a la judicialización, a firmar con el Simape, pero sólo nos autorizó a un acuerdo que no tenga ni una sola coma diferente al del Somu”, expuso en su momento, Darío Sócrate, presidente de la Cámara de Armadores. Esta argumentación fue la que durante los dos meses de conflicto usaron las patronales para evadir la instancia de diálogo.

Con la intención de no deslegitimar el acuerdo del Somu, pero tampoco desacreditar la real representación del Simape entre los pescadores (tiene más de 2.200 afiliados en Mar del Plata), el Ministerio de Trabajo de la Nación autorizó al gremio de Novero a firmar un acuerdo, pese al revés judicial: tenía opción a rubricar un acta espejo al de su par sindical. Ni más, ni menos.

Pero el Simape se negó a rubricar un 22% desdoblado y eso conllevó a decenas de reuniones, tanto en la ciudad como en Buenos Aires, con funcionarios de todas las líneas y estamentos de Gobierno. La respuesta, una y otra vez, fue la misma: acepten el acta que ya se homologó y que es la única que legitima el Ministerio de Trabajo.

Tras algunos intentos puente, que involucraron al gobernador Daniel Scioli y al intendente Gustavo Pulti, el Simape decidió repensar la estrategia salarial: cerrar con cada empresa en particular era la nueva y única opción que quedaba.

Así fue que llegaron los pactos internos que hoy permiten la zarpada de los primeros buques, tras 28 días de paro total de actividades.

LOS EMPRESARIOS, CRÍTICOS

Con este escenario planteado, la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina criticaron el hecho de que Simape, “entidad que se encuentra realizando medidas de acción directa desde hace más de 30 días”, haya firmado con algunos armadores independientes no asociados a ninguna de las cámaras empresarias signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo, “un convenio exactamente igual al que estas Cámaras suscribieran el 10 de mayo pasado con el Somu”.

Mediante un comunicado, los empresarios expresaron: “Las Cámaras le ofrecieron firmar al Simape durante el último mes en repetidas oportunidades ese mismo texto que este miércoles ha firmado con armadores no asociados, y ambas Cámaras mantienen la posición de suscribir inmediatamente tal acuerdo”.

En ese sentido, ambas entidades remarcaron la gravedad de las medidas que el gremio “sigue aplicando y que causan a la ciudad de Mar del Plata y a su industria pesquera ingentes perjuicios”, y aseveraron que las mismas no tienen “razón o fundamento alguno”.