El gobernador de la provincia dio una señal clara al reclamar el aumento de su propio sueldo y el de los intendentes, pero tiene la posibilidad de ir más allá y proponer una nueva Ley de Sueldos y sincerar el empleo público. Muchos sectores especializados del Estado requieren mejores ingresos también.

El gobernador Francisco Paco Pérez descolocó a más de uno cuando acusó a los mendocinos de cínicos por criticar el incremento de las dietas de los legisladores nacionales y, a la vez, aprovechó la oportunidad para pedir el aumento de sus propios magros ingresos y el de los intendentes.

Cinismo: "Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables".

No fue cínico él, pero en lugar de hablar de cinismo debió referirse a la hipocresía típica mendocina de la que la política no escapa.

Hipocresía: "Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan".

La política evita hablar del asunto en público, pero lo hace en privado. El gobernador no fue tampoco hipócrita, ya que dijo lo que piensa y recibió críticas por sus palabras que, además, dejaron entrever que puede estar bien el incremento de las dietas ya que, según expresó, "no voy a abrir juicios de valor sobre las dietas de los legisladores nacionales porque no sé cuanto es el costo de vida de un legislador en Buenos Aires".

Sabemos lo que les ha costado a los gobiernos sumar gente capaz que debe renunciar a buenos ingresos en la actividad privada para asumir la responsabilidad de un cargo público. Y ante las negativas, en muchas ocasiones, no ha quedado otra que cubrir los puestos con el recurso humano disponible, no con el mejor calificado para la tarea.

Como dijo Pérez, un gobernador con responsabilidad sobre el manejo de 19.500 millones de pesos y que genera un producto bruto geográfico de 13 mil millones, no puede tener un tope salarial de 12 mil pesos.

Por ejemplo, uno de los jueces que se niega a ser solidario y formular aportes a la OSEP, confesó que percibe haberes por 24 mil pesos: el doble que el gobernador.

El asunto es que, frente a la miseria, somos también miserables en el análisis: hablamos de las cifras en lugar de su pertinencia; ponemos el acento en la diferencia y no trabajamos para elevar la base.

Hay muchos otros puestos clave en el Estado que requieren del mismo sinceramiento que estamos reclamando para el gobernador y sus colaboradores, sobre todo aquellos que requieren formación superior y cuya incidencia en la sociedad es crucial para su desarrollo y su bienestar.

Pero la sobrecarga de puestos que responden a la necesidad de la pequeña política por premiar a sus partidarios le da sustento a una militancia de la hipocresía al nivel de “política de Estado”. En ese marco, todos se reparten el empleo público y, al abarcar más, aprietan poco.

Es indudable que hace falta decisión política para discutir una nueva Ley de Sueldos, pero sobre todo, espaldas para aguantar mucho más que una declaración periodística sincera, ya que con eso solo la realidad no cambia.

Por eso creemos que Pérez tiene razón y a su vez, una posibilidad y una responsabilidad.

La responsabilidad es llevar adelante la discusión sin hipocresía y sin cinismo, tal como lo ha enunciado: tiene la posibilidad de actuar en consecuencia, promover una Ley de Sueldos, terminar con el clientelismo y determinar criterios de eficacia en la gestión.