Lucas Lecur, Fabricio Imparato y Romina Cuchi, en ese orden, conforman la terna de candidatos entre los que deberá elegir el gobernador Francisco Pérez para designar al nuevo Procurador de Personas Privadas de la Libertad, una figura que en Mendoza no existía y que va radicalmente en la dirección opuesta a los proyectos de endurecimiento de los régimenes carcelarios que se están tratando en la Legislatura provincial.

El Procurador Penitenciario es un cargo que apareció luego del que el año pasado se aprobara la creación de una Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, con sede en la Primera Circunscripción Judicial, como organismo descentralizado, independiente y con personalidad jurídica propia, funcionalmente autónoma y financieramente autárquicas. Esta comisión es el órgano de aplicación en la provincia del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante, aprobado por la Ley Nacional 25.932.

El proyecto en la provincia tuvo un fuerte impulso luego de que trascendieran las filmaciones de presos que eran torturados. No es una novedad que Mendoza tiene uno de los servicios penitenciarios más duros, y cuya mala fama se ha reflejado en la sanciones internaciones impuestas por las Corte Interamericana de Derechos Humanas; básicamente, porque se viola constamente la Constitución de la Nación, que establece que "serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".

A partir de esta premisa, que aparece en el artículo 18 de la Carta Magna, se cuestiona duramente el proyecto encabezado por el diputado Luis Petri para endurecer el sistema de medidas transitorios de quienes están cerca de terminar la purga de su pena.

De los candidatos, Lecur es magíster en Derecho y con amplia experiencia en temas vinculados con Derechos Humanos. Imparato es personal del Servicio Penitenciario y se desempeña como asesor del Organismo Técnico Criminológico. Cuchi, en tanto, está en contacto con el ambiente carcelario porque es una de las docentes que da clases a los detenidos. Ellos fueron los que obtuvieron los puntajes más altos luego de pasar por un examen oral y otro escrito. La evaluación estuvo a cargo de profesores como Juan Carlos Wlasic (titular de la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Universidad de Mar del Plata ) y Pablo Salinas y Sandra Casabene, ambos docentes universitarios en materias vinculados con Derechos Humanos.

"El procurador viene a garantizar, a poner en vigencia el mecanismo de prevención y erradicación. Garantiza los derechos de todas las personas privadas de la libertad, contempla la facultad de controlar y prevenir torturas y malos tratos en otros ámbitos como por ejemplo el sistema de responsabilidad penal juvenil, hospitales psiquiátricos, hospicios", expresó la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda.