Que a nadie le queden dudas de que 2012 es un año de vacas muy flacas. Y si alguien piensa que no es así, tiene que remitirse al primer decreto firmado por Francisco Paco Pérez, el tercer día de este año, en el que advierte a sus ministros de manera tajante que no podrán hacer una sola compra sin su consentimiento expreso.

El decreto 1 se hizo famoso semanas atrás debido a que estableció el congelamiento de la planta de personal del Estado en todas sus formas: cargos de mayor jerarquía, personal temporario y permanente y contratos de locación. Esta medida facilitó la sanción del presupuesto 2012 en la Legislatura, debido a los cuestionamientos de la oposición en este sentido.

Pero lo que no se había advertido hasta aquí es que, además, Pérez puso un cepo al gasto de los ministros en bienes de capital, un rubro muy amplio que abarca desde la adquisición de algún escritorio hasta la compra de un costoso vehículo para el traslado de determinado funcionario.

De aquí en adelante, cualquier ministro que quiera hacer algún gasto de este tipo tendrá primero que pedir autorización por nota al gobernador. Y el decreto señala que ese pedido deberá ser una excepción: "Para los casos en que por estrictas razones de orden operativo y funcional, imprescindibles para el normal desenvolvimiento de alguna dependencia, resulte necesario hacer excepciones a lo dispuesto en los artículos precedentes, el inicio del trámite deberá contar con el visto bueno expreso y por escrito del señor gobernador de la Provincia", se lee en el artículo cinco de la pieza.

Por si queda alguna duda, el subsecretario legal y técnico de la gobernación, Gustavo Tobares, pasó la letra del texto en limpio: "El mensaje es que hay que arreglarse con lo que hay", explicó ante la consulta de este diario.

Tiempos difíciles. Mientras Paco Pérez busca en todos lados financiamiento para afrontar el millonario déficit de este año, que fue fijado en el presupuesto 2012 en 1.500 millones de pesos, el decreto 1 le ofrece un paragüas preventivo para que no se escapen los gastos de "caja chica" del Estado, tanto en la administración central como en los organismos autárquicos y descentralizados.

En el cuarto piso de la Casa de Gobierno confían en que la frontalidad el decreto 1 bastará para que cada funcionario aplique el principio del autocontrol, ya que toda compra será revisada por el gobernador antes de continuar su circuito administrativo natural.

Es más: el decreto advierte en uno de sus últimos artículos que las medidas para restringir el gasto serán revisadas el 1 de junio y podrían endurecerse más si no se detecta espíritu de ahorro en los ministerios. "A partir de dicha fecha se analizará el ritmo del gasto y en caso de no haber obtenido resultados satisfactorios en orden a los objetivos de este decreto, se evaluará el dictado de normas más restrictivas del gasto público", dice el artículo 6.

No obstante, el subsecretario legal y técnico indicó que esta medida no implica dejar al Estado sin recursos indispensables para su funcionamiento. "Había que fijar una norma de carácter genérico para no olvidarse de ningún tipo de compra. Pero queda claro que el decreto 1 no va ser un obstáculo para adquirir, por ejemplo, mesas para las salitas de cuatro años", dice Tobares.

Los insumos hospitalarios y los elementos que requiere el Ministerio de Seguridad para la lucha contra el delito tampoco peligrarían, más allá de que ningún funcionario va a salvarse del requisito de enviar la notita a Paco. En otras palabras: la compra de un móvil policial no sería cuestionada, pero sí la compra de un auto de lujo como el que colocó en las páginas del diario al ex ministro de Salud Carlos Behler.

Así las cosas, es evidente la señal de ajuste que baja del despacho del mandatario, aunque en el Gobierno tratan de no usar mucho esa palabra. "Aquí la señal del gobernador es que considera que lo que tienen sus ministros es suficiente", afirmó Tobares.