“No hay por qué no ser optimista”, insistió. “Creo que a partir del conflicto actual se va a sancionar una ley que haga vigente el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades; y esa ley, al mismo tiempo, va hacer que pierda sentido el proyecto de enjuiciar a los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo que ordenaron su sanción” considero el legislador.

Baca advirtió que, sin embargo, es necesario continuar los reclamos. “Que se haya instalado el tema es un paso adelante, pero el derecho va a estar garantizado solamente el día en que la ley se sancione y los conflictos institucionales definitivamente queden atrás sin que subsista duda alguna sobre la independencia del Poder Judicial”.

Ahondando en su interpretación sobre la situación actual, Baca indicó que el conflicto es producto de la prolongada demora con que se lleva a cabo el proceso. “Los jujeños estamos en un debate que tuvo lugar en la Nación y en la mayoría de las provincias, hace veinte años” señaló, tras lo cual acotó que “la resistencia que hubo en Jujuy, durante un lapso tan prolongado, llevó a demandar por la vigencia de los derechos y obligó a la intervención de los jueces”.

“En verdad -insistió-, sólo se pudo instalar la necesidad de una reglamentación que garantice igualdad de oportunidades a ambos géneros, a partir de un fallo judicial. Esto a su vez provocó reacciones que agravaron la situación”.

Para el diputado Baca hay todavía algunas cuestiones que aclarar. “Por un lado -señaló-, existe una confusión sobre los alcances del fallo del Tribunal Contencioso Administrativo. La sentencia no dice de qué modo debe garantizarse el derecho. Es falso que los jueces hayan pretendido que se distribuyan los cargos en un cincuenta por ciento para varones y otro cincuenta por ciento para mujeres. Lo que dice es que debe cumplirse con la disposición constitucional y que necesariamente corresponde al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo -como colegislador- establecer la forma en que se cumplirá”.

Y otro punto que hay que despejar -finalizó el legislador-, es la cuestión partidaria. “No está en discusión si un partido o si otro tratan mejor o peor a las mujeres. Lo que está en cuestión es el derecho que les corresponde frente al Estado, independiente de cuál sea su pertenencia política. La promoción de una oportunidad igualitaria de acceso a los cargos es un derecho que debe regir en todos y en cada uno de los partidos y en todas y cada una de las provincias argentinas”.