En tanto consideró que podría haber pruebas para determinar la participación del ex superintendente de Salud, Héctor Capaccioli en las maniobras, según una resolución a la que accedió Infobae.com.

El juez Oyarbide rechazó el planteo de inhibición parcial de su colega, por lo que la Cámara Federal será el tribunal que defina el magistrado que quedará a cargo de la investigación, según informaron fuentes judiciales a Infobae.com.

En el caso se investiga la defraudación a la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud y Acción Social, a través de la Obra Social del Sindicato de Camioneros.

Oyarbide señaló que “de conformidad a las directivas emanadas del Superior al confirmar los procesamientos de los imputados, me encuentro en este momento reuniendo pruebas a los fines de determinar de qué manera habrían participado distintas personas en la órbita de la Superintendencia de Salud y la Administración de Programas Especiales".

El magistrado mencionó entre los posibles involucrados en esas maniobras a "Héctor Capaccioli, Alejandra Ungaro, y Navas, entre otras, como así también el perjuicio que podrían haber causado al Estado, en connivencia con Néstor Lorenzo y los demás implicados en la investigación”.

“No podré hacer lugar a la inhibición parcial de los hechos aquí solicitada por mi distinguido colega ya que conspiraría contra el éxito y avance de la investigación, como así también el riesgo de formalizar doble imputación sobre mismos hechos y pronunciamientos contradictorios sobre los imputados" , dice la resolución.

Por su parte, fuentes judiciales adelantaron que el juez Bonadio elevará la causa a la Cámara Federal, que deberá resolver cuál de los magistrados continúa con el caso.

Oyarbide tiene a su cargo la instrucción de la megacausa por el tráfico de medicamentos adulterados, en la que se investiga una asociación ilícita que comercializaba remedios falsificados y en la que están involucrados ex funcionarios, sindicalistas y empresarios dueños de droguerías.

Mientras que en el juzgado de Bonadío está radicada -por una denuncia realizada en el año 2006 por el entonces dirigente de la UOCRA Juan Pablo Medina- una investigación contra las dos obras sociales a la que aportan los camioneros.