Así lo informó el fiscal Federal de Orán José Luis Bruno quien aclaró que la presencia del juez Federal que investiga un supuesto desvío de fondos que estaban destinados para obras en la Fundación, responde a la documentación remitida.

Bruno señaló que oportunamente se le envió al magistrado, las pruebas y testimonios que en el marco de las construcciones que se realizaron en Tartagal denunció el abogado Sergio Heredia.

En tanto Oyarbide al arribar a la provincia dijo a medios locales que llegaba a verificar obras que se atribuyen a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en las cuales habría tenido una participación importante Sergio Shoklender. Shocklender fue apoderado de la fundación y principal acusado de haber desviado los fondos destinados para obras. No se descartó la posibilidad que Oyarbide escuche algunos testimonios sobre la construcción del Centro de Salud, que se terminó y las 300 casas prometidas.

Por otra parte Bruno insistió que cuando se inició la causa en Tartagal, buscaba conocer si existió un acuerdo entre la fundación y la Municipalidad de esa ciudad norteña, para las construcciones. "Hasta las pruebas que nosotros recabamos y que fueron enviadas a Oyarbide, no se pudo comprobar nada", señaló el fiscal. El juez Oyarbide recibió documentación por malversación de fondos públicos para reconstruir un barrio tartagalense arrasado tras el alud en 2009.

El envío

De acuerdo a la denuncia que efectuó Sergio Heredia la comuna tartagalense había recibido fondos públicos para la reconstrucción de un barrio arrasado tras el alud en 2009, entendiendo el juez Federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, que era conexa con otra presunta por malversación de fondos públicos.

La denuncia en Salta la hizo el abogado Heredia, a raíz de la firma de un supuesto, contrato entre las Madres de Plaza de Mayo y el municipio de Tartagal el 17 de febrero de 2009 para la construcción de un centro de salud y más de 300 viviendas en la zona. Las viviendas iban a estar destinadas a los afectados por el alud que tuvo lugar en Tartagal el 9 de febrero de 2009 y que provocó la muerte de dos personas.

Lo denunciado por Heredia señalaba que, de ese contrato sólo se cumplió con la construcción del centro de salud pero no con las 300 viviendas.

El centro a pesar de estar finalizada la obra nunca fue entregado y mucho menos puesto en funcionamiento. Además, denunció que la Fundación que dirige Hebe de Bonafini tampoco cumplió con el pago de 10 hectáreas para construir allí las viviendas, y por las que se habían comprometido a pagar un monto de 500.000 mil pesos.

De ese dinero, según la denuncia y lo que se publicaba en sitios de internet, Schoklender sólo pagó algo más de 150 mil pesos en efectivo al momento de firmar el boleto de compra y venta de esas tierras.

Tras la denuncia, el juez Reynoso corrió vista al fiscal Federal de Orán José Luis Bruno, quien dictaminó que la causa debía pasar a manos de Oyarbide, a raíz de que los hechos y los eventuales imputados podrían ser los mismos. Reynoso se declaró incompetente.