El juez federal Norberto Oyarbide le pidió a la Legislatura de Misiones que remita un informe en el que se investigaron 200 nuevas escuchas en más de 270 mil actuaciones. Según confió una fuente judicial a PERFIL, cerca del 40 por ciento de las intervenciones telefónicas ordenadas por jueces misioneros –más de ochenta– se habrían realizado en la Capital Federal. Justamente el mecanismo de escuchas, en este caso ilegales (por las que fue involucrado Mauricio Macri) había sido pedido desde esta provincia.

La idea que manejan cerca de Oyarbide es determinar si hubo más vínculos con la causa que tiene procesados al jefe comunal, al ex titular de la Metropolitana, Jorge “el Fino” Palacios, al espía Ciro James (ex empleado del Ministerio de Educación) y a dos magistrados misioneros.

Esa provincia fue clave en el entramado del caso: los jueces eran los que ordenaban las escuchas a la ex Side y el espía James se encargaba de retirarlas. Por este motivo fueron destituidos dos magistrados, Horacio Gallardo y José Luis Rey, y luego fueron procesados tanto por Oyarbide como por la Cámara Federal. Ambos habían autorizado las intervenciones telefónicas a, entre otros, el dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein y el empresario Carlos Avila.

El informe que llegará al juzgado de Oyarbide da cuenta de unas cantidad de escuchas realizadas en todos los juzgados de la provincia, según la prensa local.

Luego de que estalló el escándalo, la Legislatura de Misiones creó una Comisión Especial de Seguimiento, que preside el diputado Hugo Passalacqua. En una segunda instancia, se prevé que los diputados misioneros reciban videos y desgrabaciones de escuchas. Por su lado, el lunes próximo el Fino Palacios y James serán sometidos a un examen mental, según dispuso el juez. Anteayer se había conocido que Macri deberá hacer lo propio. El Cuerpo Médico Forense pidió que el ex titular de la Metropolitana y el espía sean trasladados por la mañana a su sede de la calle Lavalle al 1400 para realizarse el estudio. En tanto, aún no se fijó una fecha para practicarle el análisis al jefe de Gobierno porteño, que también deberá cumplir con un estudio socio-ambiental. “Estoy en perfecto estado”, le avisó públicamente Macri a Oyarbide, y dijo que el magistrado lo quiere “agredir y descalificar”. Y agregó: “El examen confirma una vez más la animadversión y la agresividad del juez hacia mi persona; esto se hace en una instancia mucho más adelante, en meses o años”, dijo el jefe comunal ayer. Y agregó: “Me lo tomo con mucha gracia”. Los exámenes son obligatorios para todas las personas que están imputadas en una causa por delitos que tengan pena de al menos diez años de prisión, como es el caso de Macri, Palacios y James, investigados por asociación ilícita.

Además, el magistrado solicitó que, antes del jueves próximo, Macri se presente en su juzgado para cumplir con el embargo de 250 mil pesos que le impuso.