"Los problemas que existen en torno a la minería tienen dos bases fundamentales: la duda acerca de si la minería contamina o no y por otro lado un desarrollo económico que no se ve. Con eso tenemos el caldo de cultivo para que pase lo que pasó en Andalgalá", analizó el diputado Raúl Chico (FV), ex presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa María.
Chico presentará en estos días un proyecto de ley que, en consonancia con otros que esperan estudio en la Legislatura, busca limitar el destino de los recursos mineros -regalías y utilidades- que recibe la provincia. La iniciativa promueve la creación, en ámbitos del Ministerio de Producción, de un Instituto de Diversificación y Desarrollo Regional que defina y ejecute políticas de desarrollo en las distintas regiones de la provincia -comenzando con los departamentos del oeste-, previa audiencia pública en la que la gente pueda definir sus prioridades de desarrollo. El patrimonio de ese instituto se conformaría a partir del aporte del 100% de las regalías y del 70% de las utilidades que recibe la provincia. Y de ese fondo se destinaría un 20% a obras energéticas, otro 20% a obras hídricas, un 5% al desarrollo de proveedores locales, otro 5% para control ambiental y un 50% para impulsar el desarrollo productivo de los departamentos del oeste, dueños de los yacimientos.

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