El fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, presentó ayer una denuncia penal por los posibles delitos que se puedan detectar a partir de irregularidades que comprobó cuando investigó el manejo administrativo del Ministerio de Turismo, conducido por Omar Contreras.

El Ministerio de Turismo acumulaba por entonces más de 60 expedientes con observaciones por presuntas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas y que fueron enviados -desde fines del 2008 a la fecha- a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, donde se encontraban para su análisis.

Desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se confirmó la presentación de la denuncia, pero se excusaron de entregar una copia de la misma, porque dijeron que al conocerse detalles en forma pública se podría entorpecer la investigación de la Justicia.

Si bien la principal objeción del Tribunal de Cuentas radica en el uso abusivo de pagos por servicios o adquisición de bienes mediante el sistema de “legítimo abono”, también se constataron otras situaciones más graves vinculadas a falta de inscripción de proveedores y “enmiendas” en algunas boletas.

Según se pudo conocer, esta sería la primera parte de una denuncia que podría ser ampliada próximamente y no sólo afectaría a funcionarios públicos, sino que también podría comprometer a empresarios de la región.

Desde el traslado de los expedientes desde el Tribunal de Cuentas a la Fiscalía, se produjo una serie de pedidos de información y se tomó testimonio a distintos empresarios que trataron de explicar algunas situaciones irregulares.

Entre los testimonios se cuenta el de un “arrepentido” que habría dado detalles de una maniobra donde el presentaba una boleta, pero sólo recibía parte del monto. También se constató la adulteración del monto de algunas boletas, la creación o funcionamiento de varias empresas pertenecientes a un mismo proveedor de informática y el cobro claramente excesivo en algunos servicios, como hotelería de la zona.

A los más de 60 expedientes, se habrían sumado otros 10 que no solamente contendrían trámites visiblemente irregulares, sino que se habrían objetado pagos a proveedores por presentaciones de facturas defectuosas y sin antecedentes en la AFIP.