La causa llegó a la instancia de audiencia preliminar con la acusación fiscal que realizó el ex jefe de fiscales, Carlos Moreno. En la lista figuraba como imputado por cohecho pasivo en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público, según lo previsto por los artículos 256, 248 Y 54 del C.P., Carlos Alberto Marsó (subsecretario municipal de Gobierno durante la gestión de Raúl Simoncini).

También figuraba Jorge Hernán Pereyra (empleado municipal) por cohecho pasivo, en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público, previsto por los artículos 256, 248 y 54 del C.P.

Juan Félix Monsalvez (empleado municipal) por cohecho pasivo, en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público, previsto por los artículos 256, 248 y 54 del C.P.

José Alberto Quintero (empleado municipal) por tráfico de influencias en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público, previsto por los artículos 256 BIS, 248 y 54 del C.P.

Norman Jorge Saunders (comisario retirado y contratado municipal) por cohecho pasivo, en calidad de partícipe secundario, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, artículos 256, 46, 54 y 249 del C.P.

Luis Alberto Buttazzi (comisario) por cohecho en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público, reiterado -tres hechos en concurso real- artículos 256, 54, 55 y 249 del C.P.

LA CAUSA

La causa por "prostitución y trata de blanca" salió a la luz en enero de 2006, pero la investigación previa demandó casi todo el año 2005. El tema llegó a oídos del Ministerio Público Fiscal a raíz de la información que suministró el ex vicario de la Catedral de Comodoro Rivadavia, quien transmitió las penurias confesadas por dos menores de edad oriundas de Salta, las que habrían logrado fugarse del lugar en el que permanecían en un estado de esclavitud sexual.

A partir de ese dato se inició una investigación de oficio que llevó a cabo el ex jefe de fiscales, Carlos Moreno, quien en su tarea advirtió la existencia de una red que iba más allá de los empresarios de la noche y se extendía a funcionarios municipales, empleados de la repartición y hasta altos mandos de la policía que terminaron imputados con distinto cargos.

Luego de reunir los elementos que se estimaron convenientes, en enero de 2006 se multiplicaron los allanamientos, se llevaron a cabo detenciones y el caso tomó estado público. La causa, que terminó juntando 13 cuerpos de volumen, finalmente tuvo su requisitoria de elevación a juicio a principios de 2007 y finalmente en julio de 2008 se llegó a concretar la audiencia preliminar para determinar si llegaría a juicio.

La causa finalmente irá a juicio oral y público a partir de la resolución que emitió la Cámara del Crimen de Comodoro Rivadavia, aunque a esa instancia llegará sólo uno de los ocho imputados. Se trata del empresario de la noche Alberto Arturo Suárez, mientras que el resto de los consortes resultaron sobreseídos, algunos a partir de la nulidad de una de las escuchas telefónicas que no tuvo argumentos suficientes al momento de ser ordenada y otros, por defectos advertidos en la acusación fiscal.