En pocos meses, en Neuquén, hubo tres atentados con bombas molotov (si se cuenta como uno los múltiples que hubo durante la manifestación del 24 de marzo), y dos con explosivos (uno en las oficinas de LAN, otro en la obra social de los petroleros). Todos ocurrieron en la capital neuquina, sin víctimas que lamentar.

Este martes, 13 de julio, se sumó una explosión a estos atentados. Fue en Cipolletti, la ciudad rionegrina más vinculada a la capital de Neuquén. Esta vez, hubo una víctima. Un hombre que había conseguido trabajo como barrendero en el Municipio, murió como consecuencia de la explosión. Se llamaba José Domingo Maciel.

La bomba estaba armada con una garrafa de gas de 10 kilos. Un artefacto fácil de conseguir, de uso hogareño. Un artefacto de tamaño suficiente como para ser rápidamente visualizado. Fue colocado a medio metro de la puerta principal de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la policía de Río Negro.

La primera pregunta que naturalmente surge es cómo una bomba que tiene un tamaño de casi un metro de alto y que además es inocultablemente una garrafa, puede colocarse sin que nadie se entere prácticamente en la puerta de una dependencia policial. ¿Puede siquiera hablarse de seguridad pública ante esta evidencia descarnada?

Hizo falta que un trabajador municipal la descubriera. Lo pagó con su vida. Una vida que fácilmente hubiera sido salvada si la dependencia policial hubiera tenido, como cualquiera imagina que debería tener, una mínima, austera, vigilancia.

La segunda pregunta es: ¿Quiénes son los autores de este tipo de atentados, ya tan frecuentes que asustan? Otra garrafa armada como bomba –con detonador también casero- fue encontrada y desactivada este martes, a la puerta de un local de Telefónica. Queda a pocos metros de donde , el artefacto que mató al empleado municipal.

Las primeras especulaciones que se armaron respecto del origen y la intención de estos atentados vincularon los hechos a una polémica iniciativa del gobierno del intendente Alberto Weretilneck, que consistía en juntar firmas de ciudadanos para “expulsar de la ciudad” a una familia con abundantes antecedentes delictivos.

La situación es extremadamente grave. Tal vez no sea comprendida en su complejidad por las autoridades políticas de la región. Ni por los gobiernos provinciales, ni por los municipales, que se reúnen una vez por mes para analizar y evaluar acciones en conjunto, en la Asociación de Intendentes de la Confluencia.

La seguridad pública sigue en un lugar secundario de la agenda. La desigualdad social, la brecha entre ricos y pobres, la creciente pobreza, son temas que parecen de una realidad paralela, a otra dimensión reducida a los discursos y las buenas intenciones.

Hay que entender que hechos como los registrados este martes en Cipolletti, ciudad que forma un mismo núcleo urbano con Neuquén, el lugar de mayor densidad y cantidad de población de la Patagonia argentina, indican que la violencia surgida de este cúmulo de factores y otros más que sería largo enumerar, es el primer producto concreto que fabrica la inseguridad.

No alcanza con definir, como lo ha hecho esta mañana el gobernador rionegrino Miguel Saiz, que "cobardes manos anónimas" pusieron bombas en Cipolletti. ¿Qué pretendía? ¿Que le dejaran una tarjeta?

El tema, realmente, asusta. No tanto por lo que los hechos en sí mismos muestran, sino por la extraordinaria abulia de los políticos de turno.