Anoche, los Reyes Magos no pasaron por la Legislatura y Diputados intentará este mediodía tratar el Presupuesto provincial por tercera vez consecutiva. Los más de 6.000 empleados públicos nuevos que figuran en el texto de la pauta de gastos pero no en la página web del ministerio de Hacienda generaron un revuelo por el abultado número que había de diferencia y a pedido del radicalismo, el oficialismo prometió explicaciones y acordó postergar la sesión nuevamente.

Es que el miércoles por la noche, el tratamiento de Impositiva y del Presupuesto habían pasado para ayer porque la UCR no había llegado a un acuerdo con el oficialismo sobre el uso de la mayor recaudación de impuestos. Por eso durante todo el día de ayer hubo múltiples reuniones y llamados telefónicos entre el gobernador Francisco Pérez, el vicegobernador Carlos Ciurca (principal puente entre el PJ y la oposición) y el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, quien preside el radicalismo.

Fruto de esas conversaciones, los radicales habían dejado trascender durante el mediodía y parte de la tarde que de 78.000 empleados de la planta del Estado que supuestamente el oficialismo pretendía tener y había plasmado en el artículo 8 de la pauta de gastos, ellos habían conseguido bajar 6.000 y que congelarían el número en 72.000, que era la cifra que aparentemente había hasta hoy.

Pero el panorama cambió rotundamente a las 17,cuando el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, se presentó en la Legislatura para hacer los últimos retoques del Presupuesto y les dijo a los radicales que los 6.000 empleados no eran un número a futuro sino uno ya existente. Por lo tanto, por ley, a ningún empleado de planta estatal se lo puede sacar de la noche a la mañana, y mucho menos si se trata de un engrosado número como el que estaba en juego.

Los legisladores de la UCR salieron espantados de ese encuentro, asegurando sentirse sorprendidos por la situación y a partir de ahí comenzaron a multiplicarse las reuniones entre ellos y con las autoridades provinciales. Es que cerca de las 20, Pérez y Ciurca se encontraron con los intendentes de la UCR en la Casa de Gobierno.

Pero, mientras tanto, la incertidumbre y los rumores crecían en la Legislatura. Los oficialistas decían que los radicales se habían equivocado y que querían dejar a 6.000 empleados en la calle. Algunos radicales se animaban a un mea culpa, pero otros mantenían la postura. Pero la luz llegó cerca de las 23 cuando el presidente de la Cámara baja, Jorge Tanús, llamó a sesión. Allí, el jefe de la bancada oficialista, Gustavo Arenas, pidió un cuarto intermedio para hoy a las 12.

Y fue el propio Costa quien, en conferencia de prensa, junto a Tanús, reconoció oficialmente que se había detectado una diferencia de "más de 6.000 empleados entre el texto de la pauta de gastos y la página web del ministerio de Hacienda". Se trata de Sidico, que es el sistema que carga los datos por exigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El presupuesto trajo la información de noviembre y la página tiene datos al 30 de setiembre.

Ante esa escandalosa diferencia, los radicales piensan citar al contador general de la provincia, José Caviggia para que informe de la situación. Desde el oficialismo dejaron trascender que el problema es que no están cargados en la página web los empleados de los entes descentralizados y autárquicos.

Muchos acuerdos

Los acuerdos a los que arribaron ayer los máximos referentes de las fuerzas más importantes de la provincia fueron muchos y todo indicaba que a la medianoche el Presupuesto tenía la media sanción de la Cámara baja, aunque se trabó otra vez finalmente. El pedido de endeudamiento por 2.049 millones de pesos que había planteado Casa de Gobierno en un principio se disminuyó por solicitud de radicales y demócratas y quedó en 1.500 millones.

Pero además, a esos fondos se les asignó un destino específico: el uso para obras públicas y para capitalizar el Instituto Provincial de la Vivienda y el Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

Con esa decisión, los intendentes de todos los colores políticos se transformaron en los grandes ganadores de la puja legislativa porque se activó una resolución del IPV que implica reparto de viviendas para los municipios según un coeficiente vigente. Las obras también serán para los municipios de acuerdo a los índices que se toman para repartir la coparticipación.

Otro de los puntos consensuados en este presupuesto de casi 20 mil millones (no disminuiría pese al recorte del déficit por una reingeniería financiera de última hora que haría crecer la previsión de recursos nacionales), es que la mayor recaudación de impuestos no podrá ser utilizada al antojo del Ejecutivo, sino que deberá ser destinada para el dinero que necesiten los acuerdos paritarios de este año y en segunda instancia para paliar el déficit existente.

También se quitó el artículo en el que Hacienda había hecho una previsión de los déficits de los próximos cuatro años, que era el penúltimo.